Pablo Martínez echa un nuevo pulso al Gobierno. El abogado leonés mantiene una lucha titánica por la custodia de sus tres vástagos desde 2022. El año pasado consiguió que la justicia investigara a un alto cargo del Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños. El director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, está imputado por la falsificación de documentos públicos y la manipulación de la declaración judicial de su hijo mayor cuando solo tenía 12 años. Ahora levanta la voz para oponerse a la ley de violencia vicaria que pretende aprobar el Gobierno porque deja a los menores «desprotegidos» y «promueve que el hombre sufra violencia vicaria».

«Los hombres también sufren violencia vicaria», lamenta Martínez. El término fue acuñado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro y hace referencia a una forma de violencia de género en la que el agresor, siempre varón, utiliza a los hijos u a otros seres queridos de la víctima para causar daño emocional, psicológico o físico a su pareja o expareja. El Gobierno de Pedro Sánchez ha asumido el concepto y el pasado 30 de septiembre aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, la calificó de «ley pionera» que castigará con penas de entre seis meses y tres años a quienes causen «dolor o sufrimiento a la mujer a través de personas instrumentales o interpuestas». Martínez propone que la norma incluya a los hombres que, como él, sufren situaciones similares para que la justicia ampare a las víctimas independientemente del género. En su opinión, la redacción actual va a «crear una excepción para las madres» y va a dejar a los menores desprotegidos si quien ejerce algún tipo de violencia son ellas.

PREGUNTA.- ¿Qué le parece el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria?

RESPUESTA.- Qué quiere que le diga. He podido leer el texto y me he quedado de piedra. Muy, muy preocupado.

P.- ¿Por qué?

R.- Porque lleva a los menores a una absoluta desprotección. Ellos van a padecer y van a sufrir todo tipo de manipulaciones. Dependiendo de donde provengan esas manipulaciones podrán tener protección o no.

P.- Explíquese.

R.- Si las manipulaciones vienen de su madre están absolutamente desprotegidos. Se está creando una exención para las madres, que podrán cometer cualquier tipo de injerencia sobre los niños y no va a pasar absolutamente nada. Es muy, muy preocupante.

«Se está creando una exención para las madres, que podrán cometer cualquier tipo de injerencia sobre los niños y no va a pasar absolutamente nada»

P.- ¿Hay hombres que sufren violencia vicaria?

R.- Sí, puede haber hombres que sufren esa violencia vicaria. Por supuesto que sí. Es más, con el anteproyecto de ley lo que se va a provocar y se va a promover es que sean los hombres los que padezcan la violencia vicaria.

P.- ¿En qué se basa?

R.-Si la violencia vicaria cometida por las madres se queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad, lo que va a pasar es que se va a provocar aún más ese tipo de conducta. Los menores van a quedar todavía más desprotegidos porque se van a ver totalmente manipulados e instrumentalizados por las madres en contra de los padres sabiendo que no va a pasar absolutamente nada. Por tanto, la situación en la que nos vamos a encontrar no es que haya violencia vicaria que padezcan los hombres, es que va a haber más todavía.

P.- ¿Usted se ha sentido desprotegido?

R.- Sí, me he sentido un padre desprotegido. Totalmente. Le voy a contar mi caso. Únicamente puedo ver a mis hijos poquísimas horas a la semana y no tengo ningún tipo de condena. No tengo ninguna orden de alejamiento. Nada de nada. ¿Por qué? Pues porque su madre no quiere cambiar el régimen y simplemente se obceca en judicializar a mis hijos.

P.- Cuente más de su caso.

R.- Es muy particular porque es un caso donde, por ejemplo, la trabajadora social del equipo psicosocial es la vecina de la abogada contraria. Al estrado se sube una juez en prácticas que es amiga íntima de la madre de mis hijos o, por ejemplo, eliminaron la voz de mi hijo, un menor de 12 años, cuando lo han explorado. La situación que le estoy comentando es muy contraria a los intereses de mis hijos, que son los grandes perjudicados y los que están siendo instrumentalizados.

P.- ¿Conoce otros casos parecidos?

R.- A mí me llama muchísima gente. Mi caso acontece en Valladolid, lo conoce todo el mundo. Me llaman muchísimos padres en una situación muy similar, pero también abuelas, tíos y primos de gente que está padeciendo lo mismo. Este anteproyecto de ley va a llevar a que situaciones como estas se repliquen y se repitan, lo que es muy, muy peligroso.

P.- ¿Tiene solución?

R.- Yo creo que tiene solución, por supuesto, pero hay que hacer una reflexión. Habría que bascular entre los diferentes intereses que hay en juego. El interés primordial es el interés del menor. Creo que habría que plantearse qué es lo que se tiene que defender, a quién hay que ayudar y proteger.

P.- ¿Qué plantea?

R.- Invito a los grupos políticos y al Gobierno, aunque yo no sé si el Gobierno, entendiendo la deriva que tiene, va a estar muy por la labor de sentarse, reflexionar y realmente hacer un esfuerzo para proteger al menor.

P.- ¿Por qué cree que hemos llegado hasta aquí?

R.- Todo esto parece que viene a intentar tapar las denuncias falsas. Ya se está conociendo que han sido muy numerosas. Se intenta traspasar la responsabilidad de una denuncia falsa de la madre al menor, con la gravedad que ello conlleva. Si miramos a los países de nuestro alrededor en Europa, no hay ninguno que tenga un régimen como el que ahora se pretende instaurar aquí. La violencia vicaria es violencia, sí, pero se tendrá que perseguir al responsable independientemente del género. Si es la madre, la madre; si es el padre, el padre, y proteger al menor. Lo que se está pretendiendo es desproteger al menor si la violencia proviene de la madre. Es una barbaridad.

En una entrevista le preguntaron al gran director de cine Fritz Lang cuál era su visión del mundo y repuso: «Creo que existen sólo dos clases de seres humanos: los malos, que son a los que llamamos buenos, y los muy malos, a los que llamamos malos». Sin compartir tan radical pesimismo (después de todo, si uno escribe para los demás, algo bueno verá en ellos y en uno mismo para querer comunicarse), hay que reconocer que es más fácil y llamativo encontrar ejemplos reprobables a nuestro alrededor y en la historia que lo contrario. Quizá sea porque el mal atrae especialmente nuestra atención, es más interesante. Tolstói dijo que las familias felices son insípidas, y la criatura de Frankenstein informó a su creador de que él era malo porque se sentía desdichado.

Sin la presencia activa del mal no existiría el cine de Fritz Lang, pero tampoco los cuentos de Grimm, ni el Génesis o los Evangelios. El niño que se sienta en nuestras rodillas simpatiza prudentemente con Pulgarcito, pero todos sabemos que su ideal secreto es el ogro o la bruja. Y en la prodigiosa escena final de El tercer hombre todos entendemos que la bella Alida Valli pase de largo ante el abnegado pero soso Holly Martins y prefiera inútilmente al siniestro Harry Lime. En las riñas de gallos mexicanas cuentan que en cierta ocasión un gachupín llegó a la gallera y le preguntó al manito: «Oiga, ¿qué gallo es el bueno, el negro o el rojo?». El manito repuso: «El rojo, patrón» y el gachupín apostó en consonancia. Luego el gallo negro hizo picadillo al rojo. Protestó el gachupín (lo llevan haciendo desde Hernán Cortés): «Pero usted me dijo que el rojo era el bueno…» El manito se encogió de hombros: «Y sí, pero el negro es el cabrón». Por lo general nos fijamos más en los cabrones…

Además de reclamar nuestra atención, ¿son los malos realmente interesantes? He conocido unos cuantos (y sobre mí mismo no me hago ilusiones), pero bien vistos resultan decepcionantes: son brutos, son guarros, son acaparadores, carecen de los sentimientos que hacen amable la vida, pero a fin de cuentas no tienen verdaderamente interés o relieve. Si desaparecieran del mundo decaerían las narraciones, pero saldría ganando la vida cotidiana. Los malos son como una navaja de afeitar bien afilada: hay que manejarla con cuidado, pero no sirve más que para adecentarse un poco.

Los únicos malvados de auténtica altura vital sólo están en la literatura, en las novelas de Dostoyevski o Conrad, y sobre todo en las tragedias de Shakespeare. Ese Macbeth que decía atreverse sólo a lo que se atreve un hombre, pues quien se atreve a más ya no lo es: finalmente transgredió ese límite y mató al sueño, el apreciado compañero de cada noche… O Ricardo III, que se convirtió en enemigo de sí mismo y temía quedarse solo en una habitación porque sabía que estaba en compañía de un asesino… Los villanos de Shakespeare tienen una maldad reflexiva, razonadora, que se convierte en su propio castigo, como las penas de los condenados en el infierno de Dante son metáforas de sus pecados.

Pero la mayoría de los monstruos de la vida real no tienen en su alma podrida la clarividencia de los grandes literatos. Cometen atrocidades, pero si intentan alardear o arrepentirse de ellas aburren a cualquiera: son palurdos venenosos, pero al fin y al cabo palurdos. Tenía razón Tomás de Aquino, el mal no es una cualidad positiva sino la falta de varias cualidades positivas (escrúpulos, compasión, empatía, generosidad…), que labran vacíos en el alma como el Alzheimer agujerea la red neuronal de nuestra memoria y nos deja sin lenguaje ni recuerdos. El mal nos roba la humanidad sin darnos nada a cambio.

«Detesto y desprecio a ese padre asesino con todas las fuerzas de mi desesperación»

Cada uno tenemos nuestra idea de lo que es el mal por antonomasia, el mal que no puede aliviar su gravedad apelando a una circunstancia desafortunada, al arrebato momentáneo o a la ignorancia culpable. No soy nada original tampoco en esto: yo condenaría eternamente a ser masticado por la boca de Satán no a los traidores, como hizo Dante, sino a los que han maltratado deliberadamente a los niños.

Los dos hijos de José Bretón tenían seis y dos años cuando su padre los borró de la faz de la tierra para torturar a su madre, que con toda la razón del mundo quería separarse de él. No soy nadie ni tengo limpieza de corazón para condenar a ninguno de mis semejantes, pero detesto y desprecio a ese padre asesino con todas las fuerzas de mi desesperación. No quiero escucharle, ni entenderle, ni concederle el mínimo tributo que merece cualquier ser humano: desafío el castigo de los cielos pero no le quiero en mi misma especie. Hay pecados que los humanos no podemos perdonar, ni debemos perdonarlos: por eso hace falta que una y otra vez Cristo muera en la cruz por nosotros.

El juez autoriza la difusión de El odio, el libro en que se recogen los vómitos de Bretón sobre su hazaña, tan interesantes como musicales son los crujidos de un esfínter que se desgarra por culpa de una deposición excesiva. El libro (o lo que sea) ha sido perpetrado por Luisgé Martín, autor de los inolvidables discursos de Pedro Sánchez: primero Sánchez, luego Bretón, qué afición tiene este hombre a dar voz a los psicópatas. La madre de los niños aniquilados, Ruth Ortiz, ha protestado en vano contra esa publicación infame.

No, Ruth, el libro debe publicarse porque una vez escrito se difundirá inevitablemente: más vale que sea legalmente y que el único culpable sea su autor, que ni siquiera tuvo la mínima delicadeza de ponerse en contacto contigo para advertirte de su rentable «homenaje». Pero tú tienes razón en protestar, Ruth, y en acusarle de servir de pluma al diablo. Y en más de un sentido. Muchos estamos de tu parte, aunque los más cobardones de mi gremio no lo reconozcan para proclamar mejor su entusiasmo por la libertad de expresión. Por lo visto, el único que la tiene dudosa es Vito Quiles en el Congreso. En este sucio y puñetero mundo en que vivimos hay que respetar los derechos de Luisgé Martín, el sanchista, el bretonista, el oportunista. Pero los decentes guardamos nuestro cariño y nuestra admiración sólo para ti, Ruth.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el presunto caso violencia vicaria en Bilbao, aún sin confirmar por el Ministerio de Igualdad.

«La violencia más cruel»

“No hay palabras que puedan acompañar en este dolor. La violencia vicaria es la violencia más cruel ejercida con el único objetivo de destrozar la vida de una mujer para siempre. Todo mi cariño para esa madre que ha visto como asesinaban a su hija en Bilbao y a toda su familia”, ha asegurado Sánchez en un mensaje en la red social X, sobre el presunto asesinato de una menor de 13 años a manos de su padre.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha mostrado “consternada” por este caso y ha trasladado su “pésame” y “apoyo” a los familiares de la menor, según recoge Europa Press.

“Consternada por el asesinato de una niña de 13 años en Bilbao. Otra vez, la violencia vicaria nos golpea con toda su crueldad. Nuestro pésame y apoyo a su madre y su entorno cercano. Trabajamos sin descanso en el refuerzo de la LOPIVI para proteger mejor a la infancia ante todo tipo de violencias“, ha expuesto Rego en un mensaje en Bluesky.

Elevaría a dos los menores asesinados este año

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de este presunto caso de violencia vicaria en Bilbao que, de confirmarse, elevaría a dos los menores asesinados este año.

También la Ertzaintza está investigando la muerte de una menor de 13 años a manos de su padre, de 43 años, como un presunto caso de violencia vicaria. El progenitor después se habría suicidado en su domicilio ubicado en el barrio de Rekalde de Bilbao.

Los cadáveres del hombre y de la menor han sido encontrados a primera hora de este viernes en su domicilio de la capital vizcaína y, aunque se está investigando las circunstancias, ambos presentan signos de violencia, mientras que la madre del menor ha tenido que ser trasladada a un centro de salud con lesiones.

En España se han cometido 35 infanticidios en 2024, pero el Gobierno sólo ha contabilizado nueve de esos casos. Para la Delegación contra la Violencia de Género, que sólo contempla los filicidios paternos, los otros 26 niños no constan. Esto significa que el 74% de los niños asesinados en un entorno doméstico han sido despreciados por no englobarse dentro de lo que el Ejecutivo llama «violencia vicaria», entendiendo esta como «violencia de género».

Ese es un concepto inventado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro y asumido por el Ministerio de Igualdad durante el mandato de Irene Montero. El gabinete de Ana Redondo no ha cambiado esta posición, a pesar de que cada vez más expertos lo rechazan por ser unidireccional (del padre a la madre), acientífico (reduce todos los casos a una única causa) y porque quita el foco de la verdadera víctima, el niño, para ponerlo sobre la mujer. Esta -la mujer- ha cometido la mayoría de los filicidios de 2024 en España, según el cálculo de la asociación Anavid, que ha contado hasta 20 perpetrados por la madre. También habría algunos infanticidios cometidos por el abuelo o por la pareja de uno de los progenitores.

El último filicidio materno confirmado se produjo el 21 de noviembre, cuando detuvieron a una mujer por asesinar a su bebé recién nacido, hallado sin vida en el interior de un inodoro en Mahón (Menorca). Ese mismo mes, el día nueve, tuvo lugar el penúltimo caso: una mujer mató a su hija haciéndola consumir pastillas hasta la sobredosis. La madre tenía antecedentes psiquiátricos. Ninguna de estas dos víctimas figura en la estadística oficial de Igualdad.

Así hasta veinte casos que no figuran en el relato oficial. Entre ellos, algunos tan llamativos como el de la madre que asfixió a su bebé de ocho meses en Zaragoza o el de la mujer que degolló tras nacer a su hijo en Gandía (Valencia). En este caso, los padres de la joven de 22 años no estaban al tanto del embarazo, y se encontraron el cuerpo sin vida del neonato dentro de una bolsa de basura. 

«Víctimas de segunda»

Estos episodios han sido recopilados por Anavid, que ha hecho la labor que no hacen las administraciones, ya que el Gobierno no tiene ninguna estadística global sobre los filicidios (ni siquiera en los ministerios del Interior o de Infancia y Juventud). Anavid lo ha logrado con información publicada en los periódicos sobre infanticidios cometidos en el entorno doméstico. «No les importan los niños, ni tampoco las mujeres, y mucho menos los hombres», considera Jesús Muñoz, portavoz de la asociación, que lamenta que «el 75% de las muertes de los niños no las han tenido en cuenta»: «De esos 35 niños, 21 son bebés, la mayoría encontrados en vertederos o cubos de basura como si fuesen desechos».

Anavid condena «cualquier tipo de violencia, independientemente de quién sea el agresor, ya que consideramos que todas las personas y vidas humanas valen lo mismo». Están en contra del concepto «violencia de género» y «violencia vicaria», a partir de los cuales el Gobierno sólo contabiliza los asesinatos de hombre a mujer y de padre a progenitor, dejando por el camino muchas víctimas. Igualdad solo ha contado 56 de los 136 asesinatos cometidos en el entorno doméstico en 2024.

«¿Por qué la muerte de una mujer importa si es asesinada por su marido o exmarido, pero no si es asesinada por su novia, hermano, compañero de piso?», se plantea Muñoz, que denuncia que «hay víctimas de primera y de segunda».

Filicidios maternos

El Gobierno, a pregunta de la senadora del Partido Popular Cristina Ayala, admitió en 2022 que las mujeres cometen más filicidios que los hombres. El Informe sobre el homicidio publicado por el Ministerio del Interior en 2018 resalta (páginas 46-47) que «las mujeres matan mucho más que los hombres en el ámbito del hogar, a miembros de la familia. De hecho, la mayoría de víctimas (86,7%) de edad inferior a 18 años fueron asesinadas por mujeres». El Ejecutivo, sin embargo, se resiste a abordar esta realidad porque no encaja en su relato.

Sobre el porqué de esta tendencia, hay pocas explicaciones. Dominique Bourget y Pierre Gagné, en un estudio realizado en 2012 sobre los homicidios de parejas sentimentales, concluyeron que las homicidas femeninas de su muestra no estaban deprimidas, y solo una quinta parte se hallaban bajo los efectos de sustancias tóxicas. Es decir, que no actuarían por enajenación. Sea como fuere, en lo que convienen criminólogos como Beatriz de Vicente, Juan Carlos Gutiérrez y Victoria Pascual es en abandonar el término «violencia vicaria» para emplear, en todo caso, «filicidio por venganza», ya que este puede ser cometido también por una mujer.

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, un concepto inventado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro muy criticado por los expertos en criminología y asumido acríticamente por el Ministerio de Igualdad durante el mandato de Irene Montero. La intención es modificar el Código Penal para castigar con penas de entre seis meses y tres años de prisión a aquellos hombres que agredan a los hijos de la madre con el objetivo último de violentar a esta. Pero no a la inversa.

En el texto se define la violencia vicaria como «aquella que, con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre: los hijos e hijas o descendientes, personas menores de edad sujetas a su tutela o guarda y custodia, los ascendientes o hermanos y hermanas de ésta, así como su pareja, aunque no exista convivencia». En palabras de Ana Redondo, el fenómeno consiste en «causar dolor o sufrimiento a la mujer a través de personas instrumentales o interpuestas».

El Gobierno asume así un concepto criticado por los expertos por ser unidireccional (del padre a la madre), acientífico (reduce todos los casos a una única causa) y porque quita el foco de la verdadera víctima, el niño, para ponerlo sobre la mujer. En este sentido, la experta en violencia de género Elena del Pilar Ramallo propone legislar en «violencia por extensión», en referencia a «la violencia que sufre el hijo con el fin de destruir al otro progenitor, en un porcentaje muy elevado, en la figura de la madre», pero no siempre. La doctora en Derecho denuncia que sus estudios sobre esta materia, que le valieron una nominación al Premio Princesa de Asturias, han sido desoídos por Igualdad, que «prima la ideología sobre la seguridad de los niños».

Ramallo compartió con PSOE y PP su propuesta legal para «aportar instrumentos y propuestas normativas de carácter inicial y urgente contra este tipo de violencia», pero no interesó. Teme por eso que Redondo y su gabinete «lo sacan ahora para tapar el tema de las pulseras», en referencia a los fallos detectados en los dispositivos de localización de agresores e investigados por violencia machista. También critica el «sesgo de género» que, a su juicio, mueve esta iniciativa.

El Gobierno blasona de que se trata de una medida «pionera a nivel europeo», pero lo es porque otros países que han legislado en esta materia lo han hecho contra la alienación parental. En Dinamarca, por ejemplo, el Gobierno ha firmado un acuerdo con los demás partidos del Folketing para promover los intereses y el bienestar de los niños, incluso previniendo y reprimiendo rápidamente el acoso y la alienación de los padres. Así lo recuerda Jesús Muñoz, portavoz de la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid): «La evidencia prueba que tanto madres como padres pueden ser alienadores; es una forma de abusos que no discrimina por sexo».

«Esta ley conlleva de nuevo la aplicación del derecho penal de autor, no sólo por la discriminación contra el hombre, sino también por la desprotección absoluta de las víctimas, los niños, ya que, al parecer según este Ministerio de sectarias y feministas de pensamiento único, el único que puede ejercer violencia vicaria, es el hombre heterosexual, contra una mujer heterosexual, a través de los hijos», abunda Muñoz.

Más filicidios

El perfecto retrato de cómo la violencia contra la infancia es bidireccional está en los filicidios, ya que las madres cometen más este tipo de delito. El año pasado, 35 niños fueron víctimas mortales de violencia doméstica, pero el Gobierno sólo contabilizó nueve. 24 niños no fueron asesinados para la Delegación contra la Violencia de Género, que sólo contempla los filicidios cuando es el padre quien asesina a un hijo. 

Este año, Anavid ha contabilizado 76 víctimas mortales por violencia doméstica, de las cuales el Gobierno sólo ha registrado 31: 28 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas y tres de niños a manos de sus padres. Este recuento se debe a la perspectiva de género, en la que se pretende abundar con esta nueva ley contra la violencia vicaria.

Desde Anavid se consuelan con que la nueva ley no saldrá adelante, sino que forma parte de un «pataleo para volver a movilizar le voto feministas del PSOE». «La imputación de las dos manos derechas el propio presidente del gobierno en el partido socialista, la imputación del hermano del presidente, la investigación de su propia mujer, la imputación al fiscal General del Estado, es lo que ha hecho que Ana Redondo se saque de la manga este disparate jurídico, propio de la Alemania nazi», zanja su portavoz.

Una juez de Barcelona ha dictaminado que la muerte de un hombre y sus dos hijos en el barrio de Horta-Guinardó de Barcelona el pasado 8 de enero no fue violencia vicaria y archiva la investigación de los hechos, según ha explicado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado.

Los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación tras el hallazgo de los tres cadáveres en un domicilio del barrio de Horta-Guinardó, después de que la madre de los hijos avisara a las autoridades por no tener noticias de su exmarido, que debía entregarle a los dos pequeños después de las fiestas navideñas y que tampoco han acudido aquel lunes al colegio.

Una de las hipótesis barajadas, además de la posibilidad de violencia vicaria (los hechos dieron lugar a manifestaciones de denuncia), era una muerte accidental por un escape de gas.

«En relación a la muerte de tres personas el pasado 8 de enero al barrio de Horta de Barcelona (un padre y sus dos hijos), la magistrada del Juzgado de Instrucción 26 de Barcelona encargada del caso dictó, el pasado mas de julio, el auto de archivo provisional», indican las citadas fuentes.

Según informa, tanto de la inspección llevada a cabo durante el levantamiento de cadáver, como de los informes de las autopsias y del resto de pruebas complementarias, «no resultan indicios de la comisión de delito».

El libro El odio, en el que el escritor y periodista Luisgé Martín recoge las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, ocurrido en el año 2011, saldrá, «casi seguro a final de año», según han explicado fuentes cercanas al autor en declaraciones a Europa Press. La obra contará con un ensayo añadido. Aunque la obra iba a ser publicada por Anagrama el pasado mes de marzo, la editorial paralizó la publicación tras la denuncia de Ruth Ortiz, madre de Ruth y José.

En un primer momento, le sello catalán defendió su derecho a editar el libro y la Audiencia de Barcelona confirmó la desestimación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la paralización de la publicación de la obra. Sin embargo, Anagrama decidió finalmente extinguir el contrato con el periodista en abril. Martín recuperó los derechos del libro, asegurando que mantenía su intención de publicar su obra y que Anagrama había «sentido miedo de la presión social». Se desconoce por el momento si la obra será autopublicada o saldrá a la luz bajo otro sello editorial.

Igualdad estudia prohibir que los asesinos difundan información

Tras la polémica en torno al libro, el Ministerio de Igualdad anunció que estudia una reforma del Código Penal para prohibir a asesinos de violencia vicaria –aquella que se ejerce contra seres queridos, como los hijos, para hacer daño a la mujer–, difundan información en medios de comunicación o por otros canales para hacer daño a la víctima, como en el caso del libro sobre Bretón. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, aseguraba en abril que tienen «muy avanzado» un anteproyecto de ley que también definirá y castigará esta violencia.

«Queremos recoger que en determinados supuestos en los que se quiera atacar la dignidad de las víctimas, se quiera seguir revictimizándolas una vez que ya se las había dañado, queremos recoger que se pueda incorporar a las penas, medidas recogidas en el Código Penal. Queremos recoger que se pueda prohibir la difusión, la publicación de contenidos dirigidos expresamente, que tengan por finalidad seguir dañando a las víctimas, revictimizar. Para que me entiendan ustedes, el caso Bretón», puntualizó Martínez.

En todo caso, no es que se pueda imponer siempre esta medida o esta pena, pero la intención es «que los órganos judiciales la tengan a su disposición cuando vean que la publicación, la difusión de contenidos, en concreto, vaya dirigida a dañar a la víctima o desde luego esté causando un daño añadido». Igualmente, quieren que se pueda sancionar la utilización «en contra de la ley» de figuras como el falso síndrome de alienación parental u otras similares «a las que se cambia el nombre».

«Se está usando todavía mucho por parte de servicios que tienen que informar a los órganos judiciales, servicios distintos, equipos multidisciplinares de juzgados, puntos de encuentro familiar, servicios de atención a la infancia, etcétera. No voy a detallar qué servicios, pero se sigue usando esta figura y similares y también se siguen dictando resoluciones judiciales basadas, amparadas en informes que han usado, en contra de la ley, esta figura», detalló.

Al mismo tiempo, con esta norma quieren que se reconozca a las víctimas de violencia vicaria como víctimas de violencia de género para poder garantizarles los mismos derechos y que se garantice el derecho de los menores de edad a ser oídos siempre que las decisiones judiciales o administrativas afecten a su vida.

El Ministerio de Igualdad ha elevado este viernes a nueve los menores asesinados por violencia vicaria este 2024, tras confirmar el caso del niño de dos años en Linares (Jaén).

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, el menor fue asesinado este jueves 28 de noviembre, presuntamente por la pareja de su madre. Además, ha apuntado que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso ya son nueve los menores asesinados este 2024, el año, junto con 2015, con más víctimas de toda la serie histórica. En total, son 62 los niños asesinados por violencia vicaria desde 2013, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

En este suceso hay otro menor herido, hermano mellizo del fallecido, que este miércoles cumplieron dos años, que tuvo que ser trasladado al Hospital San Agustín de Linares (Jaén) y que también presenta lesiones, aunque en principio no se teme por su vida, según han señalado desde la Policía Nacional.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a Europa Press que del suceso se tuvo conocimiento sobre las 14:30 horas, cuando se alertó al 061 de que había un menor aparentemente fallecido de forma violenta en una vivienda situada en el número 58 de la calle Áurea Galindo, en Linares.

Fueron los vecinos los quienes alertaron de lo ocurrido. Cuando llegó el 061 ya había agentes de la Policía Nacional intentando reanimar al menor. Los equipos médicos se hicieron cargo del niño, pero tras media hora de maniobras de reanimación certificaron su fallecimiento.

El equipo jurídico de Juana Rivas ha presentado una denuncia por violencia vicaria internacional contra su expareja, el italiano Francesco Arcuri, la primera de estas características que se examinará en España y en la que se relatan más de ocho años de maltrato.

La denuncia, de 22 páginas y a la que ha tenido acceso EFE, narra una serie de episodios de violencia contra esta vecina de Maracena (Granada) y sus dos hijos, uno aún menor de edad, y presenta a su expareja como un maltratador.

Según Aránguez Abogados, que representa a Juana Rivas, se trata de la primera denuncia por violencia de género vicaria internacional que examinarán los tribunales españoles y busca así que el debate sobre los ocho años previos de denuncias llegue al Tribunal Supremo.

Esta nueva denuncia se suma a las tres formalizadas desde el pasado diciembre y archivadas por los juzgados de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada y Málaga y se produce mientras el menor de los hijos de Rivas y Arcuri continúa en España por las medidas cautelares aprobadas por un juzgado instructor en funciones de guardia.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada ha archivado la denuncia por violencia vicaria internacional que presentó en enero Juana Rivas contra su exmarido, el italiano Francesco Arcuri, al interpretar que solo recopila hechos ya denunciados durante los últimos ocho años.

El auto del juzgado especializado en violencia machista, contra el que cabe recurso y al que ha tenido acceso EFE, ha acordado el archivo porque, “como resulta del propio contenido de la denuncia”, todos los episodios relatados “se encuentran judicializados en distintos procedimientos penales”, según recoge EFE.

La juez ha argumentado el archivo de la denuncia en que, más allá de la calificación como un delito de violencia vicaria internacional que defiende el equipo jurídicos de Juana Rivas, la denuncia no aporta ningún posible hecho delictivo nuevo.

El equipo jurídico de Juana Rivas presentó en enero la denuncia ahora archivada, un texto de 22 páginas que, según Aránguez Abogados, representa el primero de sus características que se formaliza en España. El letrado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha explicado tras el auto de archivo que mantiene el objetivo de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la denuncia para lograr que el delito de violencia vicaria internacional se reconozca como una “realidad jurídica” en los tribunales españoles.

Aránguez ha denunciado la falta de aplicación de la normativa que combate esta forma de violencia de género en España y ha adelantado que su equipo recurrirá el auto de archivo ante la Audiencia de Granada. El letrado de Juana Rivas ha lamentado que en España “no se asuma” de manera plena la violencia vicaria y ha defendido que Arcuri agrede a sus hijos, uno de ellos menor, para someter a la madre y hacerle la vida imposible.

Aránguez ha reconocido que con el archivo de esta denuncia comienza un “largo recorrido” de los recursos en las distintas instancias, un proceso que el equipo jurídico de Juana Rivas ha dicho que afronta para dar visibilidad a un “grave problema políticocriminal”.

La denuncia por violencia vicaria internacional que firmaron Juana Rivas y su hijo mayor se sumó a las tres formalizadas desde diciembre y archivadas por los juzgados de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada y Málaga. Se presentó mientras el menor de los hijos de Rivas y Arcuri continúa en España por las medidas cautelares aprobadas por un juzgado instructor en funciones de guardia y explica un “intenso recorrido judicial” que comenzó en 2016, cuando ella regresó a Maracena y denunció a su exmarido.

El menor de los dos hijos de la expareja continúa en España con su madre, pese a que la custodia la tiene Arcuri, mientras se espera que la Corte de Apelación de Cagliari dicte sentencia sobre la custodia del niño.

Albert Einstein definió la locura como «hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente». Con arreglo a esta definición, podría decirse que el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género es, en puridad, una locura, pues en teoría pretende «erradicar» esta lacra renovando y ampliando el acuerdo alcanzado en 2017, que ha supuesto el despilfarro de millones de euros, ha discriminado aún más al varón, y ha empeorado la inseguridad que sufren las mujeres: las violaciones se han disparado y los (mal) llamados feminicidios se han mantenido en una dinámica estable.

Alrededor de 50 mujeres son asesinadas cada año, sin percibirse una tendencia a la baja (muy al contrario, en 2023 hubo un importante repunte, siendo 58), mientras que las agresiones sexuales con penetración han pasado de 2.136 en 2017 a 4.890 en 2023 (no hay datos oficiales de 2024, pero las estimaciones apuntan a un lamentable récord). Institucionalmente se insiste en que ahora «se denuncia más», lo cual es un disparate: somos una sociedad distinta con respecto a los años ochenta, pero no con respecto a cinco años atrás; no en la medida en la que las denuncias vayan camino de triplicarse en una década.

La otra explicación, que sería el mayor consumo de pornografía, es igualmente ridícula y ya ha sido ampliamente refutada en THE OBJECTIVE. De hecho, basta una pregunta para desmontarla: ¿se consume más porno en Cataluña (donde el número de agresiones sexuales con penetración por 100.000 habitantes es de 16,5) que en La Rioja (3,8)?

Los datos no mejoran porque, como algunos hemos denunciado con insistencia, el análisis es negligente. La llamada «violencia de género» presupone que el motor de todo crimen contra la mujer es el machismo, lo cual es nefasto desde el punto de vista lógico, y excluye de la ecuación factores como drogadicción, desempleo, abusos en la infancia, problemas mentales y, sobre todo, importación de culturas donde la mujer es considerada como un ser inferior al varón.

«A la locura de algunos se suma la voluntad de lucro de quienes han convertido un drama en un negocio, y que sacan tajada disparando contra un fantasma: el patriarcado»

La voluntad de omitir este último factor, a pesar de que los datos hablan por sí solos (los africanos cometen, en proporción, 5,6 veces más delitos sexuales que los españoles), conduce a pensar que a la locura de algunos se suma la voluntad de lucro de quienes han convertido un drama en un negocio, y que sacan tajada de disparar contra un fantasma: el patriarcado. No puede haber tantos locos.

En el próximo lustro, nuestras instituciones dilapidarán 1.500 millones de euros en políticas inútiles, cuando no directamente en memeces. El año pasado, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres detectó al menos 130 casos de supuesta malversación de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: dinero que, en vez de ir a la (mala) prevención o a las víctimas, iba a carreras de tacones, pasos de peatones arcoíris, talleres de maquillaje, charlas LGTB, puntos violeta o bailes con vermú posterior. No es magia, son tus impuestos.

Para más inri, la renovación del Pacto incluye medidas sobre «violencia vicaria», otro concepto ideológico y acientífico, inventado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro, que sostiene que los hombres buscan hacer daño a las mujeres utilizando a sus hijos, y que jamás sucede a la inversa, a pesar de que la mayoría de filicidios los cometen las madres. Con arreglo a este análisis, el acuerdo contempla incluir como víctimas de violencia de género a «aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria», es decir, a aquellos que hayan sido agredidos por el padre. Si te agrede la madre, aquí no importas.

«En cinco años volveremos a lamentarnos: la violencia contra la mujer habrá aumentado, así como la discriminación hacia los varones, y muchas personas se habrán lucrado gracias a convertir un drama en un negocio»

Más discriminación hacia el varón, más barbarie y más derecho penal de autor. En este sentido, la guinda al pastel es la inclusión de la «violencia económica», entendida de nuevo como una posibilidad unidireccional, y que supondrá que, en lo sucesivo, delitos como impago de pensiones, estafas, administración desleal o apropiación indebida tendrán una penalidad mayor si los comete un hombre.

Más diferencias legales entre hombre y mujer que se suman a las 509 que existen ya en España, muchas de las cuales provienen precisamente del pacto alcanzado por todos los partidos en 2017.

En definitiva, el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género supone más burocracia, más ideología, más gasto estatal en políticas fallidas, más invisibilización a las víctimas no aprovechables y más discriminación al varón. El negocio se mantiene por el interés de unos y el miedo de otros a que les llamen cosas feas en La Sexta. El simplismo y el bienquedar son cómodos, pero en cuestiones así cuestan vidas.

Dentro de cinco años volveremos a lamentarnos: la violencia contra la mujer habrá aumentado, así como la discriminación hacia los varones, y muchas personas se habrán lucrado gracias a convertir un drama en un negocio. Pero los malos (los negacionistas, machistas y fascistas) seremos, de nuevo, quienes tratamos de impedir todo aquello.

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 1.469 casos de violencia de género con menores expuestos a sufrir violencia vicaria, según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recogidos por Europa Press. En concreto, a 31 de mayo de este año hay un total de 102.575 casos activos por violencia de género en el Sistema VioGén, de los que 15 están en riesgo extremo, 978 en alto, 13.734 en medio, 43.235 en bajo y en 44.613 no se aprecia.

Los datos de Interior también revelan que hay 53.606 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, más de 7.000 de los que había registrados en el Sistema VioGén en el mismo mes del año pasado (46.513).

Así, un total de 1.469 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay cuatro casos de este tipo en riesgo extremo, 132 en alto y 1.323 en medio. Igualmente, la estadística refleja 12.510 casos con menores en situación de vulnerabilidad.

Además, por otro lado, 11.755 casos son de “especial relevancia”, con 15 de ellos en riesgo extremo, 932 en alto y 10.808 en medio. En estos últimos se detecta “una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 26.587; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.238; la Comunidad de Madrid, con 13.022; Canarias, con 6.650; Galicia, con 6.009; Castilla-La Mancha, con 5.598; Murcia, con 5.549; Castilla y León, con 5.286; Baleares, con 4.178; Extremadura, con 2.778; Aragón, con 2.487; Asturias, con 2.148; Navarra, con 2.036; Cantabria, con 1.556; La Rioja, con 953; Ceuta, con 262; y Melilla, con 238.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que en el anteproyecto de ley de violencia vicaria –aquella que se ejerce contra seres queridos, como los hijos, para hacer daño a la mujer– se han incorporado medidas anticipatorias de tipo penal para impedir un “conflicto de intereses” como se produjo en el caso del libro ‘El Odio’, escrito por Luisgé Martin, en el que se recogen las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, ocurrido en el año 2011.

“No hay que llegar a ese conflicto y si algo nos enseña el libro ‘El odio’ es que debemos poner medidas anticipatorias y eso es lo que también incorporamos en el anteproyecto de ley”, ha detallado la ministra de Igualdad durante la inauguración del curso ‘Violencia vicaria: situación actual y retos’ organizado por la Universidad Complutense de Madrid en el marco de sus cursos de verano en San Lorenzo de El Escorial, según recoge Europa Press.

En su intervención, también ha precisado que el anteproyecto de ley de violencia vicaria se encuentra actualmente en fase de estudio en el Ministerio de Justicia y que, desde su departamento, se pretende llevar al Consejo de Ministros en septiembre.

Medidas penales

Sobre las medidas que se incorporarán, ha indicado que serán “medidas penales que anticipen la respuesta y anticipen la solución, e impidan que se produzca ese conflicto de intereses”. Así, ha señalado que se propone «una pena accesoria que valorará el juez por la que el asesino no pueda tener contacto con medios de comunicación o no pueda influir o tener acceso a medios o a periodistas que compren su discurso y además, con ello, vulnere todavía más el dolor y la situación de la víctima».

«Es un anteproyecto ambicioso. La atención se enfocará en el interés superior del menor, algo que en buena parte es contenido esencial del proyecto de ley. El interés superior del menor hay que actualizarlo, y esa actualización pasa por distintos elementos», ha señalado Redondo, quien ha traído a colación como ejemplos los casos de Juana Rivas y de Ruth Ortiz.

«Plantear soluciones»

A su juicio, hay que “aprender de las circunstancias y de la realidad” por lo que ha insistido en la importancia de ser “muy ágiles y plantear soluciones” pues, como ha argumentdo, la legislación debe dar «respuesta antes de que se plantee un conflicto de derechos fundamentales y constitucionales que tienen que ponerse».

“La libertad de creación artística es una de las libertades que más garantías constitucionales y legales tiene reconocida en nuestro ordenamiento político. Por lo tanto, esa libertad, cuando se limita, hay que razonar muy bien y ser muy proporcionales (…) Pero aquí tenemos también una madre que ha sufrido violencia de género y violencia vicari, que está y sigue sufriendo, porque esa es la característica de la violencia vicaria, que no concluye, que pretende la muerte en vida de esa mujer, a pesar de que el maltratador, el marido, el asesino está en la cárcel”, ha enfatizado.

Por ello, ha insistido en que hay «que proteger» el derecho de la víctima «a no ser revictimizada, a no seguir padeciendo un sufrimiento mayor, que lógicamente es un interés constitucional y un bien jurídico que hay que proteger», lo que conlleva un “conflicto de intereses” con la libertad de expresión artística.

«Incorporación de nuevas violencias»

«Sabemos que hay una metodología jurídica y esa metodología la aplicamos, pero la respuesta no siempre es satisfactoria», ha subrayado.

Además, a lo largo de su intervención, Redondo ha mostrado su satisfacción por el pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado en febrero de este año y ha destacado la «incorporación de nuevas violencias» como por ejemplo la violencia digital «salvaje» en las redes sociales. Sobre este aspecto la ministra ha culpabilizado directamente a “un movimiento sobre todo de hombres jóvenes que rechazan los avances feministas”.

“Era prioritario renovar ese pacto de Estado, incorporar nuevas violencias que están surgiendo y ser conscientes de nuestra responsabilidad histórica. Cada generación es imprescindible para avanzar en una sociedad mejor, y por lo tanto avanzar hacia esa sociedad libre de violencias hacia las mujeres”, ha sentenciado Redondo.

El Gobierno aprueba este martes en el Consejo de Ministros tipificar la violencia vicaria como delito en el Código Penal.

Según han confirmado fuentes ministeriales a Europa Press, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la violencia vicaria que definirá esta forma de violencia de género. También reconocerá a las víctimas.

La norma está impulsada por el Ministerio de Igualdad, que este mismo otoño presentará también otras dos leyes, una contra la trata y otra para abolir la prostitución.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya anunció en la Comisión de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en el Congreso, la necesidad de definir la violencia vicaria: «Es preciso definir expresamente la violencia vicaria en el Código Penal, no está recogido, y en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género», aseguró.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acostumbra a condenar los infanticidios en la red social X, pero solo los cometidos por el padre. En lo que va de año, Rego únicamente ha lamentado los asesinatos de seis niños, obviando convenientemente los cometidos por la madre o por una persona ajena a la familia, que son los que no pueden ser atribuidos a la «violencia vicaria», que es la explicación que la mandataria de Sumar ofrece a cada filicidio paterno.

Este es un concepto inventado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro y asumido por el Gobierno durante la etapa de Irene Montero como ministra de Igualdad. Sostiene que detrás del filicidio paterno está la voluntad de dañar a la madre. Los expertos no lo comparten por ser unidireccional (del varón a la hembra), acientífico (reduce todos los casos a una única causa) y porque quita el foco de la verdadera víctima, el niño, para ponerlo sobre la mujer. No en vano, este año se han producido más de 20 filicidios, pero solo nueve han sido cometidos por el padre.

En estos casos se ha fijado exclusivamente Sira Rego cuando ha condenado la violencia contra la infancia. Así lo hizo en sendos mensajes el 9 de enero, el 18 de marzo, el 4 de abril y el pasado 17 de agosto. Todos ellos incluían la etiqueta #ViolenciaVicaria, y en uno de ellos habló de «terrorismo machista» para referirse a un doble infanticidio. El último refería a un hombre que ha asesinado a su hija de 17 años y ha herido a su mujer tras dispararles en la localidad toledana de Otero.

Silencio selectivo

Por el contrario, jamás se ha pronunciado cuando la victimaria es la madre, y eso que ha habido casos terribles, como el que se produjo en Valencia de Don Juan (León) el 28 de mayo, cuando una joven de 18 años fue detenida después de que la Policía encontrara a su bebé muerto en el interior de un armario. Este había nacido el día anterior, pero la joven trató de desprenderse de él: acudió a un centro sanitario debido a que sufría una fuerte hemorragia y el médico que la atendió la vinculó con un parto, que la joven negó, por lo que él avisó a los agentes.

Pero hay más casos que son obviados por el Gobierno y la ministra. Entre ellos, el de la madre que asfixió a su bebé de ocho meses en Zaragoza el pasado 25 de febrero o el de la mujer que degolló tras nacer a su hijo en Gandía (Valencia). El más reciente, este pasado sábado, fue el descubrimiento por parte de un padre de su hijo muerto en el interior de una bolsa en su vivienda de Calviá (Mallorca).

El crimen de Mocejón

La ministra de Sumar ha vuelto a guardar un llamativo silencio con motivo del asesinato a puñaladas de un niño de 11 años en Mocejón, Toledo. El crimen, que ha conmocionado a España, no ha consternado a Sira Rego como sí lo hicieron otros infanticidios, y en esta ocasión ha tardado más de dos días en solidarizarse con la familia de Mateo, a la que ha querido transmitir públicamente sus «condolencias, solidaridad y respeto», así como «el reconocimiento a su serenidad».

El mensaje le ha merecido las críticas de los usuarios de X, que le han reprochado la demora, atribuyéndola a la posibilidad de que el criminal fuese extranjero. Y es que hasta que no se ha conocido que era español, el Ejecutivo ha mantenido un prolongado silencio prudencial, que fue roto finalmente por el presidente Pedro Sánchez para loar la labor de los agentes de la Guardia Civil. Una prudencia llamativa si se tiene en cuenta la premura con la que los progresistas se han lanzado a condenar episodios de las llamadas violencia «machista» y/o «vicaria».

La sección cuarta de la Audiencia de Barcelona ha confirmado la desestimación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la paralización de la publicación de un libro sobre José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por matar a sus dos hijos en un caso de violencia vicaria.

El auto de la Audiencia, consultado por Europa Press, confirma la resolución del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona, en contra de la postura del ministerio público, que recurrió la desestimación de la medida cautelar. El pasado 27 de marzo, la editorial Anagrama anunció que suspendía ‘sine die’ la distribución del libro El odio de Luisgé Martín y expresó su «respeto absoluto» hacia la madre de los menores, Ruth Ortiz.

La finalidad concreta de la solicitud cautelar, explica el tribunal, no es garantizar la protección de derechos mientras se resuelve una demanda presentada y que se ha adoptado ya la decisión de presentar, sino la paralización de la publicación para decidir si se presenta la demanda.

La medida añade, no resulta ser «exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de forma que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante el proceso correspondiente», lo cual presupone el seguimiento de un proceso civil.

Analizar la intromisión en el honor

La medida, solicitada con carácter previo a la presentación de una demanda y que no se puede recurrir «aparece desatada de la presentación de cualquier demanda, presente o futura, porque no se oculta por el solicitante que la solicitud se formula a fin de valorar y ponderar con el debido rigor la más que probable existencia de intromisión ilegítima que perjudique el honor, intimidad, y en su caso, propia imagen y reputación de los menores».

El tribunal considera que la solicitud «ha sido presentada previamente a la interposición de demanda, con base en la inminente publicación del libro, que estaba prevista para el pasado día 26 de marzo de 2025, y con la referida finalidad de estudiar si se presenta o no una demanda, de forma que la medida es solicitada sin venir anudada a ninguna demanda, presente o futura».

El tribunal considera comprensible la sensibilidad del Ministerio Fiscal, en sus palabras, dadas las circunstancias, al versar la cuestión sobre los derechos contemplados por el art.18.1 de la Constitución y en relación con menores. «No se puede ser ajeno a las circunstancias que rodean este incidente ni a la especial protección que merecen las víctimas, pero la legislación procesal civil no contiene mecanismos que permitan acceder a la petición formulada por el Ministerio Público de conformidad con los razonamientos expuestos», expone.

El Ministerio de Igualdad estudia una reforma del Código Penal para prohibir a asesinos de violencia vicaria difundir información de su caso a medios de comunicación o editoriales, tras la polémica surgida por el libro El odio, de Luisgé Martín, sobre José Bretón, asesino de Ruth y José, los hijos de Ruth Ortiz.

Así lo han puesto de manifiesto fuentes ministeriales, que han asegurado también que están analizando si incluir esta medida en un paquete específico o en uno más amplio sobre violencia vicaria. Si bien, han añadido que esta modificación dependerá del transcurso de las negociaciones actuales con los grupos parlamentarios sobre las medidas a aterrizar del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En concreto, el departamento que dirige Ana Redondo está valorando introducir una pena accesoria en este sentido en los artículos 39 y 48 del Código Penal -en los que se recogen ya las penas de prohibición de residencia en el entorno de la víctima, aproximación y/o comunicación con la víctima o la privación de la patria potestad y el posible control telemático de estas medidas-.

El objetivo de esta modificación es impedir al asesino comunicar cualquier información a terceros que tenga que ver con la cuestión que le ha llevado a estar en la situación de pena de libertad, cuando el efecto sea la revictimización de la víctima.

El papel de las editoriales

Según han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio de Igualdad, si se logra que el cambio se introduzca en el Código Penal, la pena se impondría al penado y solo podría ir dirigida al agresor. No obstante, una editorial o medio de comunicación no podría publicar nada al no tener el contenido, ya que el delincuente tendría prohibido trasladarlo como tal, según estas fuentes.

La medida que estudia el departamento que dirige Ana Redondo surge tras la polémica suscitada por el libro El odio, con las confesiones de Bretón sobre los asesinatos cometidos en Córdoba en 2011, que en principio iba a publicar el pasado 26 de marzo la editorial Anagrama. Sin embargo, la editorial decidió extinguir el 16 de abril el contrato para su publicación y distribución, a pesar de que los tribunales avalaron la publicación del libro.

Pese a la decisión de Anagrama, el autor del libro, Luisgé Martín, mantiene su intención de publicar la obra y cree que Anagrama ha sentido “miedo” ante la “presión social”. En este sentido, entiende que “no hay una censura directa” a través de decreto, pero que sí la ha habido “a través de los bastidores”.

Igualdad busca evitar otro libro como el de Bretón: estudia prohibir que los asesinos de violencia vicaria difundan información de sus casos

La Ertzaintza está investigando la muerte de una menor de 13 años a manos de su padre, de 43 años, que después se habría suicidado en su domicilio ubicado en el barrio de Rekalde de Bilbao, como un presunto caso de violencia vicaria, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

Los cadáveres del hombre y de la menor han sido encontrados a primera hora de este viernes en su domicilio de la capital vizcaína y, aunque se está investigando las circunstancias, ambos presentan signos de violencia, mientras que la madre del menor ha tenido que ser trasladada a un centro de salud con lesiones.

La Policía Municipal de Bilbao alertó a la Ertzaintza sobre las 05.08 horas tras conocer que una mujer herida había sido rescatada de una vivienda del barrio de Rekalde y necesitaba ayuda. En ese domicilio se estaba produciendo un grave incidente de violencia de género y doméstica, en el que se encontraban su pareja y su hija.

La Policía Municipal de Bilbao ha auxiliado a la mujer y ha acudido a la vivienda donde se produjo el ataque, donde encontró a dos personas muertas, una niña y un hombre. Ambos presentaban signos de violencia, presuntamente provocados por arma blanca. La mujer herida ha sido trasladada después al Hospital de Basurtu. La Ertzaintza se ha hecho cargo de la investigación y se encuentra vigilando el lugar del incidente. Allí, departamentos especializados realizarán una inspección visual, según ha detallado la Ertzaintza.

Tras conocer lo ocurrido, el lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que «todo apunta a que se trata de un caso de violencia vicaria, que es la expresión más terrible de la violencia machista». En un acto inaugural de un servicio de tren de cercanías en Vitoria, Pradales ha condenado «este terrible asesinato» y ha expresado su solidaridad a la familia, a la vez que ha deseado una investigación «rigurosa y respetuosa».

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

La jueza del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Arganda del Rey (Madrid) ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza de Erika Beatriz L. M., la detenida por el supuesto asesinato de su bebé, cuyo cuerpo decapitado fue hallado en un vertedero de localidad madrileña de Loeches.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado de que en las próximas horas la mujer será conducida al recinto penitenciario de Estremera. La mujer está investigada por la supuesta comisión de un delito de asesinato, si bien esta calificación es inicial y podría estar sujeta a modificaciones según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación en el marco de la instrucción judicial.

La mujer, de origen ecuatoriano de 39 años, fue detenida en su piso de la avenida de la Albufera, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas y hasta este viernes ha permanecido en las dependencias de Guardia Civil.

El pasado 12 de diciembre una de las trabajadores del centro de reciclaje de Loeches encontró los restos del recién nacido en una zona de la aguja de prensado y, desde entonces, la Guardia Civil ha estado investigando este caso denominado ‘operación Natal’ y pidió la colaboración ciudadana para el total esclarecimiento de los hechos.

Desde el inicio de las pesquisas se determinó que se trataba del cuerpo de una bebé de cinco días con signos de violencia y sería originaria de América del Sur. También se logró constatar que los restos fueron trasladados desde unos contenedores del distrito de Puente de Vallecas.

La violencia vicaria es un concepto inventado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro que hace referencia a una forma de violencia de género en la que el agresor, generalmente una pareja o expareja, utiliza a los hijos u otros seres queridos de la víctima como instrumentos para causarle daño emocional, psicológico o físico. El Gobierno de España ha hecho suyo el término y lo quiere materializar en una ley que castigará con penas de entre seis meses y tres años a quienes causen «dolor o sufrimiento a la mujer a través de personas instrumentales o interpuestas».

Las instituciones han asumido un concepto criticado por los expertos por ser acientífico (reduce todos los casos a una única causa: la violencia de género) y porque quita el foco de la verdadera víctima, el niño, para ponerlo sobre la mujer. Pero la principal pega que se le suele poner es que es unidireccional (del padre a la madre): ¿acaso no hay hombres que hayan sufrido violencia por parte de mujeres a través de sus hijos? Los hay, tal y como ha podido constatar THE OBJECTIVE.

«El problema con el término violencia vicaria es el mismo que hay con el de violencia de género, que en el caso de España solo concibe como tal la violencia que se ejerce sobre la mujer en el ámbito de la pareja, dejando en segundo plano a las víctimas masculinas que también sufran maltrato e impidiendo que puedan acceder a las mismas ayudas y derechos», explica Juanma Melgar, portavoz de la Fundación para la Defensa de los Hombres Maltratados (Fundahom) y mediador familiar.

La fundación trató casos de violencia contra los padres a través de los niños (lo que se llama violencia vicaria) que, según explica su portavoz, consistía en «amenazarles con quitarles a sus hijos, impedir que los hijos reciban tratamientos médicos, usar los momentos de la entrega de los hijos del régimen de visitas para insultarle o amenazarle o hablar mal de él y de su familia en presencia de sus hijos para ponerlos en contra». «Curiosamente todas estas formas de violencia son reconocidas por el propio Ministerio de Igualdad como violencia vicaria, pero solo cuando es la madre la que las sufre. De nuevo hay una parte de la realidad que se trata de invisibilizar», indica Melgar.

En su expresión más cruenta, la violencia vicaria termina en filicidio, y estos son cometidos mayoritariamente por mujeres. Pocos casos más mediáticos en España como el de Eugenio García, padre de Olivia, niña de seis años asesinada por su madre, que le introdujo lozarepam y enantyum en el cacao con leche, una triple dosis capaz de asesinar a un adulto. «Antes de dejarla con el padre, la mato», dijo Noemí a su hermano antes del filicidio. La madre había perdido la custodia de la niña.

«A Olivia le hablaba muy mal de mí y de mi actual pareja», conversa el padre con THE OBJECTIVE, y recuerda: «Pero ella era muy madura, razonaba y no claudicaba. Algunas veces, cuando hablaba con María por teléfono, su madre se lo quitaba, y la niña se enfadaba». «Esta señora era mala por naturaleza, pero el problema es que gozó de apoyo institucional. Sin ese apoyo no hubiera llegado a donde llegó», recuerda García, que sufrió 23 denuncias instrumentales y un infierno judicial de cinco años.

El feminismo institucional calló sobre su caso. «Se niega tu existencia. Si no existes, si no se te visibiliza, no existe el problema, así que te tapan», lamenta el padre de Olivia, que no cree en la violencia vicaria ni en la violencia de género, sino en que las personas son capaces de hacer el mal independientemente de su sexo. «Esta es la puñetera realidad, que debe ser muy difícil de digerir en este país: una mujer se llevó a una niña de seis años muy brillante, se llevó por delante todo por lo que he luchado».

Por la bidireccionalidad del asunto, los expertos prefieren hablar de violencia por extensión o alienación parental. «La evidencia prueba que tanto madres como padres pueden ser alienadores; es una forma de abusos que no discrimina por sexo», según Jesús Muñoz, portavoz de la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid), que critica que «según este ministerio de sectarias y feministas de pensamiento único, el único que puede ejercer violencia vicaria, es el hombre heterosexual, contra una mujer heterosexual, a través de los hijos».