El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada ha archivado la denuncia por violencia vicaria internacional que presentó en enero Juana Rivas contra su exmarido, el italiano Francesco Arcuri, al interpretar que solo recopila hechos ya denunciados durante los últimos ocho años.
El auto del juzgado especializado en violencia machista, contra el que cabe recurso y al que ha tenido acceso EFE, ha acordado el archivo porque, “como resulta del propio contenido de la denuncia”, todos los episodios relatados “se encuentran judicializados en distintos procedimientos penales”, según recoge EFE.
La juez ha argumentado el archivo de la denuncia en que, más allá de la calificación como un delito de violencia vicaria internacional que defiende el equipo jurídicos de Juana Rivas, la denuncia no aporta ningún posible hecho delictivo nuevo.
El equipo jurídico de Juana Rivas presentó en enero la denuncia ahora archivada, un texto de 22 páginas que, según Aránguez Abogados, representa el primero de sus características que se formaliza en España. El letrado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha explicado tras el auto de archivo que mantiene el objetivo de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la denuncia para lograr que el delito de violencia vicaria internacional se reconozca como una “realidad jurídica” en los tribunales españoles.
Aránguez ha denunciado la falta de aplicación de la normativa que combate esta forma de violencia de género en España y ha adelantado que su equipo recurrirá el auto de archivo ante la Audiencia de Granada. El letrado de Juana Rivas ha lamentado que en España “no se asuma” de manera plena la violencia vicaria y ha defendido que Arcuri agrede a sus hijos, uno de ellos menor, para someter a la madre y hacerle la vida imposible.
Aránguez ha reconocido que con el archivo de esta denuncia comienza un “largo recorrido” de los recursos en las distintas instancias, un proceso que el equipo jurídico de Juana Rivas ha dicho que afronta para dar visibilidad a un “grave problema políticocriminal”.
La denuncia por violencia vicaria internacional que firmaron Juana Rivas y su hijo mayor se sumó a las tres formalizadas desde diciembre y archivadas por los juzgados de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada y Málaga. Se presentó mientras el menor de los hijos de Rivas y Arcuri continúa en España por las medidas cautelares aprobadas por un juzgado instructor en funciones de guardia y explica un “intenso recorrido judicial” que comenzó en 2016, cuando ella regresó a Maracena y denunció a su exmarido.
El menor de los dos hijos de la expareja continúa en España con su madre, pese a que la custodia la tiene Arcuri, mientras se espera que la Corte de Apelación de Cagliari dicte sentencia sobre la custodia del niño.
La sección cuarta de la Audiencia de Barcelona ha confirmado la desestimación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la paralización de la publicación de un libro sobre José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por matar a sus dos hijos en un caso de violencia vicaria.
El auto de la Audiencia, consultado por Europa Press, confirma la resolución del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona, en contra de la postura del ministerio público, que recurrió la desestimación de la medida cautelar. El pasado 27 de marzo, la editorial Anagrama anunció que suspendía ‘sine die’ la distribución del libro El odio de Luisgé Martín y expresó su «respeto absoluto» hacia la madre de los menores, Ruth Ortiz.
La finalidad concreta de la solicitud cautelar, explica el tribunal, no es garantizar la protección de derechos mientras se resuelve una demanda presentada y que se ha adoptado ya la decisión de presentar, sino la paralización de la publicación para decidir si se presenta la demanda.
La medida añade, no resulta ser «exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de forma que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante el proceso correspondiente», lo cual presupone el seguimiento de un proceso civil.
Analizar la intromisión en el honor
La medida, solicitada con carácter previo a la presentación de una demanda y que no se puede recurrir «aparece desatada de la presentación de cualquier demanda, presente o futura, porque no se oculta por el solicitante que la solicitud se formula a fin de valorar y ponderar con el debido rigor la más que probable existencia de intromisión ilegítima que perjudique el honor, intimidad, y en su caso, propia imagen y reputación de los menores».
El tribunal considera que la solicitud «ha sido presentada previamente a la interposición de demanda, con base en la inminente publicación del libro, que estaba prevista para el pasado día 26 de marzo de 2025, y con la referida finalidad de estudiar si se presenta o no una demanda, de forma que la medida es solicitada sin venir anudada a ninguna demanda, presente o futura».
El tribunal considera comprensible la sensibilidad del Ministerio Fiscal, en sus palabras, dadas las circunstancias, al versar la cuestión sobre los derechos contemplados por el art.18.1 de la Constitución y en relación con menores. «No se puede ser ajeno a las circunstancias que rodean este incidente ni a la especial protección que merecen las víctimas, pero la legislación procesal civil no contiene mecanismos que permitan acceder a la petición formulada por el Ministerio Público de conformidad con los razonamientos expuestos», expone.
El Ministerio de Igualdad estudia una reforma del Código Penal para prohibir a asesinos de violencia vicaria difundir información de su caso a medios de comunicación o editoriales, tras la polémica surgida por el libro El odio, de Luisgé Martín, sobre José Bretón, asesino de Ruth y José, los hijos de Ruth Ortiz.
Así lo han puesto de manifiesto fuentes ministeriales, que han asegurado también que están analizando si incluir esta medida en un paquete específico o en uno más amplio sobre violencia vicaria. Si bien, han añadido que esta modificación dependerá del transcurso de las negociaciones actuales con los grupos parlamentarios sobre las medidas a aterrizar del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En concreto, el departamento que dirige Ana Redondo está valorando introducir una pena accesoria en este sentido en los artículos 39 y 48 del Código Penal -en los que se recogen ya las penas de prohibición de residencia en el entorno de la víctima, aproximación y/o comunicación con la víctima o la privación de la patria potestad y el posible control telemático de estas medidas-.
El objetivo de esta modificación es impedir al asesino comunicar cualquier información a terceros que tenga que ver con la cuestión que le ha llevado a estar en la situación de pena de libertad, cuando el efecto sea la revictimización de la víctima.
El papel de las editoriales
Según han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio de Igualdad, si se logra que el cambio se introduzca en el Código Penal, la pena se impondría al penado y solo podría ir dirigida al agresor. No obstante, una editorial o medio de comunicación no podría publicar nada al no tener el contenido, ya que el delincuente tendría prohibido trasladarlo como tal, según estas fuentes.
La medida que estudia el departamento que dirige Ana Redondo surge tras la polémica suscitada por el libro El odio, con las confesiones de Bretón sobre los asesinatos cometidos en Córdoba en 2011, que en principio iba a publicar el pasado 26 de marzo la editorial Anagrama. Sin embargo, la editorial decidió extinguir el 16 de abril el contrato para su publicación y distribución, a pesar de que los tribunales avalaron la publicación del libro.
Pese a la decisión de Anagrama, el autor del libro, Luisgé Martín, mantiene su intención de publicar la obra y cree que Anagrama ha sentido “miedo” ante la “presión social”. En este sentido, entiende que “no hay una censura directa” a través de decreto, pero que sí la ha habido “a través de los bastidores”.
Igualdad busca evitar otro libro como el de Bretón: estudia prohibir que los asesinos de violencia vicaria difundan información de sus casos
La Ertzaintza está investigando la muerte de una menor de 13 años a manos de su padre, de 43 años, que después se habría suicidado en su domicilio ubicado en el barrio de Rekalde de Bilbao, como un presunto caso de violencia vicaria, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.
Los cadáveres del hombre y de la menor han sido encontrados a primera hora de este viernes en su domicilio de la capital vizcaína y, aunque se está investigando las circunstancias, ambos presentan signos de violencia, mientras que la madre del menor ha tenido que ser trasladada a un centro de salud con lesiones.
La Policía Municipal de Bilbao alertó a la Ertzaintza sobre las 05.08 horas tras conocer que una mujer herida había sido rescatada de una vivienda del barrio de Rekalde y necesitaba ayuda. En ese domicilio se estaba produciendo un grave incidente de violencia de género y doméstica, en el que se encontraban su pareja y su hija.
La Policía Municipal de Bilbao ha auxiliado a la mujer y ha acudido a la vivienda donde se produjo el ataque, donde encontró a dos personas muertas, una niña y un hombre. Ambos presentaban signos de violencia, presuntamente provocados por arma blanca. La mujer herida ha sido trasladada después al Hospital de Basurtu. La Ertzaintza se ha hecho cargo de la investigación y se encuentra vigilando el lugar del incidente. Allí, departamentos especializados realizarán una inspección visual, según ha detallado la Ertzaintza.
Tras conocer lo ocurrido, el lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que «todo apunta a que se trata de un caso de violencia vicaria, que es la expresión más terrible de la violencia machista». En un acto inaugural de un servicio de tren de cercanías en Vitoria, Pradales ha condenado «este terrible asesinato» y ha expresado su solidaridad a la familia, a la vez que ha deseado una investigación «rigurosa y respetuosa».
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 1.469 casos de violencia de género con menores expuestos a sufrir violencia vicaria, según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recogidos por Europa Press. En concreto, a 31 de mayo de este año hay un total de 102.575 casos activos por violencia de género en el Sistema VioGén, de los que 15 están en riesgo extremo, 978 en alto, 13.734 en medio, 43.235 en bajo y en 44.613 no se aprecia.
Los datos de Interior también revelan que hay 53.606 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, más de 7.000 de los que había registrados en el Sistema VioGén en el mismo mes del año pasado (46.513).
Así, un total de 1.469 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay cuatro casos de este tipo en riesgo extremo, 132 en alto y 1.323 en medio. Igualmente, la estadística refleja 12.510 casos con menores en situación de vulnerabilidad.
Además, por otro lado, 11.755 casos son de “especial relevancia”, con 15 de ellos en riesgo extremo, 932 en alto y 10.808 en medio. En estos últimos se detecta “una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.
Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 26.587; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.238; la Comunidad de Madrid, con 13.022; Canarias, con 6.650; Galicia, con 6.009; Castilla-La Mancha, con 5.598; Murcia, con 5.549; Castilla y León, con 5.286; Baleares, con 4.178; Extremadura, con 2.778; Aragón, con 2.487; Asturias, con 2.148; Navarra, con 2.036; Cantabria, con 1.556; La Rioja, con 953; Ceuta, con 262; y Melilla, con 238.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado de que en las próximas horas la mujer será conducida al recinto penitenciario de Estremera. La mujer está investigada por la supuesta comisión de un delito de asesinato, si bien esta calificación es inicial y podría estar sujeta a modificaciones según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación en el marco de la instrucción judicial.
La mujer, de origen ecuatoriano de 39 años, fue detenida en su piso de la avenida de la Albufera, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas y hasta este viernes ha permanecido en las dependencias de Guardia Civil.
El pasado 12 de diciembre una de las trabajadores del centro de reciclaje de Loeches encontró los restos del recién nacido en una zona de la aguja de prensado y, desde entonces, la Guardia Civil ha estado investigando este caso denominado ‘operación Natal’ y pidió la colaboración ciudadana para el total esclarecimiento de los hechos.
Desde el inicio de las pesquisas se determinó que se trataba del cuerpo de una bebé de cinco días con signos de violencia y sería originaria de América del Sur. También se logró constatar que los restos fueron trasladados desde unos contenedores del distrito de Puente de Vallecas.
Según han confirmado fuentes ministeriales a Europa Press, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la violencia vicaria que definirá esta forma de violencia de género. También reconocerá a las víctimas.
La norma está impulsada por el Ministerio de Igualdad, que este mismo otoño presentará también otras dos leyes, una contra la trata y otra para abolir la prostitución.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya anunció en la Comisión de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en el Congreso, la necesidad de definir la violencia vicaria: «Es preciso definir expresamente la violencia vicaria en el Código Penal, no está recogido, y en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género», aseguró.
El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, un concepto inventado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaromuy criticado por los expertos en criminología y asumido acríticamente por el Ministerio de Igualdad durante el mandato deIrene Montero. La intención es modificar el Código Penal para castigar con penas de entre seis meses y tres años de prisión a aquellos hombres que agredan a los hijos de la madre con el objetivo último de violentar a esta. Pero no a la inversa.
En el texto se define la violencia vicaria como «aquella que, con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre: los hijos e hijas o descendientes, personas menores de edad sujetas a su tutela o guarda y custodia, los ascendientes o hermanos y hermanas de ésta, así como su pareja, aunque no exista convivencia». En palabras de Ana Redondo, el fenómeno consiste en «causar dolor o sufrimiento a la mujer a través de personas instrumentales o interpuestas».
El Gobierno asume así un concepto criticado por los expertos por ser unidireccional (del padre a la madre), acientífico (reduce todos los casos a una única causa) y porque quita el foco de la verdadera víctima, el niño, para ponerlo sobre la mujer. En este sentido, la experta en violencia de género Elena del Pilar Ramallo propone legislar en «violencia por extensión», en referencia a «la violencia que sufre el hijo con el fin de destruir al otro progenitor, en un porcentaje muy elevado, en la figura de la madre», pero no siempre. La doctora en Derecho denuncia que sus estudios sobre esta materia, que le valieron una nominación al Premio Princesa de Asturias, han sido desoídos por Igualdad, que «prima la ideología sobre la seguridad de los niños».
Ramallo compartió con PSOE y PP su propuesta legal para «aportar instrumentos y propuestas normativas de carácter inicial y urgente contra este tipo de violencia», pero no interesó. Teme por eso que Redondo y su gabinete «lo sacan ahora para tapar el tema de las pulseras», en referencia a los fallos detectados en los dispositivos de localización de agresores e investigados por violencia machista. También critica el «sesgo de género» que, a su juicio, mueve esta iniciativa.
El Gobierno blasona de que se trata de una medida «pionera a nivel europeo», pero lo es porque otros países que han legislado en esta materia lo han hecho contra la alienación parental. En Dinamarca, por ejemplo, el Gobierno ha firmado un acuerdo con los demás partidos del Folketing para promover los intereses y el bienestar de los niños, incluso previniendo y reprimiendo rápidamente el acoso y la alienación de los padres. Así lo recuerda Jesús Muñoz, portavoz de la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid): «La evidencia prueba que tanto madres como padres pueden ser alienadores; es una forma de abusos que no discrimina por sexo».
«Esta ley conlleva de nuevo la aplicación del derecho penal de autor, no sólo por la discriminación contra el hombre, sino también por la desprotección absoluta de las víctimas, los niños, ya que, al parecer según este Ministerio de sectarias y feministas de pensamiento único, el único que puede ejercer violencia vicaria, es el hombre heterosexual, contra una mujer heterosexual, a través de los hijos», abunda Muñoz.
Este año, Anavid ha contabilizado 76 víctimas mortales por violencia doméstica, de las cuales el Gobierno sólo ha registrado 31: 28 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas y tres de niños a manos de sus padres. Este recuento se debe a la perspectiva de género, en la que se pretende abundar con esta nueva ley contra la violencia vicaria.
Desde Anavid se consuelan con que la nueva ley no saldrá adelante, sino que forma parte de un «pataleo para volver a movilizar le voto feministas del PSOE». «La imputación de las dos manos derechas el propio presidente del gobierno en el partido socialista, la imputación del hermano del presidente, la investigación de su propia mujer, la imputación al fiscal General del Estado, es lo que ha hecho que Ana Redondo se saque de la manga este disparate jurídico, propio de la Alemania nazi», zanja su portavoz.
La violencia vicaria es un concepto inventado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro que hace referencia a una forma de violencia de género en la que el agresor, generalmente una pareja o expareja, utiliza a los hijos u otros seres queridos de la víctima como instrumentos para causarle daño emocional, psicológico o físico. El Gobierno de España ha hecho suyo el término y lo quiere materializar en una ley que castigará con penas de entre seis meses y tres años a quienes causen «dolor o sufrimiento a la mujer a través de personas instrumentales o interpuestas».
Las instituciones han asumido un concepto criticado por los expertos por ser acientífico (reduce todos los casos a una única causa: la violencia de género) y porque quita el foco de la verdadera víctima, el niño, para ponerlo sobre la mujer. Pero la principal pega que se le suele poner es que es unidireccional (del padre a la madre): ¿acaso no hay hombres que hayan sufrido violencia por parte de mujeres a través de sus hijos? Los hay, tal y como ha podido constatar THE OBJECTIVE.
«El problema con el término violencia vicaria es el mismo que hay con el de violencia de género, que en el caso de España solo concibe como tal la violencia que se ejerce sobre la mujer en el ámbito de la pareja, dejando en segundo plano a las víctimas masculinas que también sufran maltrato e impidiendo que puedan acceder a las mismas ayudas y derechos», explica Juanma Melgar, portavoz de la Fundación para la Defensa de los Hombres Maltratados (Fundahom) y mediador familiar.
La fundación trató casos de violencia contra los padres a través de los niños (lo que se llama violencia vicaria) que, según explica su portavoz, consistía en «amenazarles con quitarles a sus hijos, impedir que los hijos reciban tratamientos médicos, usar los momentos de la entrega de los hijos del régimen de visitas para insultarle o amenazarle o hablar mal de él y de su familia en presencia de sus hijos para ponerlos en contra». «Curiosamente todas estas formas de violencia son reconocidas por el propio Ministerio de Igualdad como violencia vicaria, pero solo cuando es la madre la que las sufre. De nuevo hay una parte de la realidad que se trata de invisibilizar», indica Melgar.
En su expresión más cruenta, la violencia vicaria termina en filicidio, y estos son cometidos mayoritariamente por mujeres. Pocos casos más mediáticos en España como el de Eugenio García, padre de Olivia, niña de seis años asesinada por su madre, que le introdujo lozarepam y enantyum en el cacao con leche, una triple dosis capaz de asesinar a un adulto. «Antes de dejarla con el padre, la mato», dijo Noemí a su hermano antes del filicidio. La madre había perdido la custodia de la niña.
«A Olivia le hablaba muy mal de mí y de mi actual pareja», conversa el padre con THE OBJECTIVE, y recuerda: «Pero ella era muy madura, razonaba y no claudicaba. Algunas veces, cuando hablaba con María por teléfono, su madre se lo quitaba, y la niña se enfadaba». «Esta señora era mala por naturaleza, pero el problema es que gozó de apoyo institucional. Sin ese apoyo no hubiera llegado a donde llegó», recuerda García, que sufrió 23 denuncias instrumentales y un infierno judicial de cinco años.
Olivia junto a su padre, en una imagen cedida por el progenitor.
El feminismo institucional calló sobre su caso. «Se niega tu existencia. Si no existes, si no se te visibiliza, no existe el problema, así que te tapan», lamenta el padre de Olivia, que no cree en la violencia vicaria ni en la violencia de género, sino en que las personas son capaces de hacer el mal independientemente de su sexo. «Esta es la puñetera realidad, que debe ser muy difícil de digerir en este país: una mujer se llevó a una niña de seis años muy brillante, se llevó por delante todo por lo que he luchado».
Por la bidireccionalidad del asunto, los expertos prefieren hablar de violencia por extensión o alienación parental. «La evidencia prueba que tanto madres como padres pueden ser alienadores; es una forma de abusos que no discrimina por sexo», según Jesús Muñoz, portavoz de la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid), que critica que «según este ministerio de sectarias y feministas de pensamiento único, el único que puede ejercer violencia vicaria, es el hombre heterosexual, contra una mujer heterosexual, a través de los hijos».
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acostumbra a condenar los infanticidios en la red social X, pero solo los cometidos por el padre. En lo que va de año, Rego únicamente ha lamentado los asesinatos de seis niños, obviando convenientemente los cometidos por la madre o por una persona ajena a la familia, que son los que no pueden ser atribuidos a la «violencia vicaria», que es la explicación que la mandataria de Sumar ofrece a cada filicidio paterno.
Este es un concepto inventado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro y asumido por el Gobierno durante la etapa de Irene Montero como ministra de Igualdad. Sostiene que detrás del filicidio paterno está la voluntad de dañar a la madre. Los expertos no lo comparten por ser unidireccional (del varón a la hembra), acientífico (reduce todos los casos a una única causa) y porque quita el foco de la verdadera víctima, el niño, para ponerlo sobre la mujer. No en vano, este año se han producido más de 20 filicidios, pero solo nueve han sido cometidos por el padre.
Todos los mensajes de la ministra Sira Rego condenando infanticidios en X.
En estos casos se ha fijado exclusivamente Sira Rego cuando ha condenado la violencia contra la infancia. Así lo hizo en sendos mensajes el 9 de enero, el 18 de marzo, el 4 de abril y el pasado 17 de agosto. Todos ellos incluían la etiqueta #ViolenciaVicaria, y en uno de ellos habló de «terrorismo machista» para referirse a un doble infanticidio. El último refería a un hombre que ha asesinado a su hija de 17 años y ha herido a su mujer tras dispararles en la localidad toledana de Otero.
Silencio selectivo
Por el contrario, jamás se ha pronunciado cuando la victimaria es la madre, y eso que ha habido casos terribles, como el que se produjo en Valencia de Don Juan (León) el 28 de mayo, cuando una joven de 18 años fue detenida después de que la Policía encontrara a su bebé muerto en el interior de un armario. Este había nacido el día anterior, pero la joven trató de desprenderse de él: acudió a un centro sanitario debido a que sufría una fuerte hemorragia y el médico que la atendió la vinculó con un parto, que la joven negó, por lo que él avisó a los agentes.
La ministra de Sumar ha vuelto a guardar un llamativo silencio con motivo del asesinato a puñaladas de un niño de 11 años en Mocejón, Toledo. El crimen, que ha conmocionado a España, no ha consternado a Sira Rego como sí lo hicieron otros infanticidios, y en esta ocasión ha tardado más de dos días en solidarizarse con la familia de Mateo, a la que ha querido transmitir públicamente sus «condolencias, solidaridad y respeto», así como «el reconocimiento a su serenidad».
El mensaje le ha merecido las críticas de los usuarios de X, que le han reprochado la demora, atribuyéndola a la posibilidad de que el criminal fuese extranjero. Y es que hasta que no se ha conocido que era español, el Ejecutivo ha mantenido un prolongado silencio prudencial, que fue roto finalmente por el presidente Pedro Sánchez para loar la labor de los agentes de la Guardia Civil. Una prudencia llamativa si se tiene en cuenta la premura con la que los progresistas se han lanzado a condenar episodios de las llamadas violencia «machista» y/o «vicaria».
Una juez de Barcelona ha dictaminado que la muerte de un hombre y sus dos hijos en el barrio de Horta-Guinardó de Barcelona el pasado 8 de enero no fue violencia vicaria y archiva la investigación de los hechos, según ha explicado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado.
Los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación tras el hallazgo de los tres cadáveres en un domicilio del barrio de Horta-Guinardó, después de que la madre de los hijos avisara a las autoridades por no tener noticias de su exmarido, que debía entregarle a los dos pequeños después de las fiestas navideñas y que tampoco han acudido aquel lunes al colegio.
Una de las hipótesis barajadas, además de la posibilidad de violencia vicaria (los hechos dieron lugar a manifestaciones de denuncia), era una muerte accidental por un escape de gas.
«En relación a la muerte de tres personas el pasado 8 de enero al barrio de Horta de Barcelona (un padre y sus dos hijos), la magistrada del Juzgado de Instrucción 26 de Barcelona encargada del caso dictó, el pasado mas de julio, el auto de archivo provisional», indican las citadas fuentes.
Según informa, tanto de la inspección llevada a cabo durante el levantamiento de cadáver, como de los informes de las autopsias y del resto de pruebas complementarias, «no resultan indicios de la comisión de delito».
El equipo jurídico de Juana Rivas ha presentado una denuncia por violencia vicaria internacional contra su expareja, el italiano Francesco Arcuri, la primera de estas características que se examinará en España y en la que se relatan más de ocho años de maltrato.
La denuncia, de 22 páginas y a la que ha tenido acceso EFE, narra una serie de episodios de violencia contra esta vecina de Maracena (Granada) y sus dos hijos, uno aún menor de edad, y presenta a su expareja como un maltratador.
Según Aránguez Abogados, que representa a Juana Rivas, se trata de la primera denuncia por violencia de género vicaria internacional que examinarán los tribunales españoles y busca así que el debate sobre los ocho años previos de denuncias llegue al Tribunal Supremo.
Esta nueva denuncia se suma a las tres formalizadas desde el pasado diciembre y archivadas por los juzgados de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada y Málaga y se produce mientras el menor de los hijos de Rivas y Arcuri continúa en España por las medidas cautelares aprobadas por un juzgado instructor en funciones de guardia.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada ha archivado la denuncia por violencia vicaria internacional que presentó en enero Juana Rivas contra su exmarido, el italiano Francesco Arcuri, al interpretar que solo recopila hechos ya denunciados durante los últimos ocho años.
El auto del juzgado especializado en violencia machista, contra el que cabe recurso y al que ha tenido acceso EFE, ha acordado el archivo porque, “como resulta del propio contenido de la denuncia”, todos los episodios relatados “se encuentran judicializados en distintos procedimientos penales”, según recoge EFE.
La juez ha argumentado el archivo de la denuncia en que, más allá de la calificación como un delito de violencia vicaria internacional que defiende el equipo jurídicos de Juana Rivas, la denuncia no aporta ningún posible hecho delictivo nuevo.
El equipo jurídico de Juana Rivas presentó en enero la denuncia ahora archivada, un texto de 22 páginas que, según Aránguez Abogados, representa el primero de sus características que se formaliza en España. El letrado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha explicado tras el auto de archivo que mantiene el objetivo de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la denuncia para lograr que el delito de violencia vicaria internacional se reconozca como una “realidad jurídica” en los tribunales españoles.
Aránguez ha denunciado la falta de aplicación de la normativa que combate esta forma de violencia de género en España y ha adelantado que su equipo recurrirá el auto de archivo ante la Audiencia de Granada. El letrado de Juana Rivas ha lamentado que en España “no se asuma” de manera plena la violencia vicaria y ha defendido que Arcuri agrede a sus hijos, uno de ellos menor, para someter a la madre y hacerle la vida imposible.
Aránguez ha reconocido que con el archivo de esta denuncia comienza un “largo recorrido” de los recursos en las distintas instancias, un proceso que el equipo jurídico de Juana Rivas ha dicho que afronta para dar visibilidad a un “grave problema políticocriminal”.
La denuncia por violencia vicaria internacional que firmaron Juana Rivas y su hijo mayor se sumó a las tres formalizadas desde diciembre y archivadas por los juzgados de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada y Málaga. Se presentó mientras el menor de los hijos de Rivas y Arcuri continúa en España por las medidas cautelares aprobadas por un juzgado instructor en funciones de guardia y explica un “intenso recorrido judicial” que comenzó en 2016, cuando ella regresó a Maracena y denunció a su exmarido.
El menor de los dos hijos de la expareja continúa en España con su madre, pese a que la custodia la tiene Arcuri, mientras se espera que la Corte de Apelación de Cagliari dicte sentencia sobre la custodia del niño.
La sección cuarta de la Audiencia de Barcelona ha confirmado la desestimación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la paralización de la publicación de un libro sobre José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por matar a sus dos hijos en un caso de violencia vicaria.
El auto de la Audiencia, consultado por Europa Press, confirma la resolución del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona, en contra de la postura del ministerio público, que recurrió la desestimación de la medida cautelar. El pasado 27 de marzo, la editorial Anagrama anunció que suspendía ‘sine die’ la distribución del libro El odio de Luisgé Martín y expresó su «respeto absoluto» hacia la madre de los menores, Ruth Ortiz.
La finalidad concreta de la solicitud cautelar, explica el tribunal, no es garantizar la protección de derechos mientras se resuelve una demanda presentada y que se ha adoptado ya la decisión de presentar, sino la paralización de la publicación para decidir si se presenta la demanda.
La medida añade, no resulta ser «exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de forma que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante el proceso correspondiente», lo cual presupone el seguimiento de un proceso civil.
Analizar la intromisión en el honor
La medida, solicitada con carácter previo a la presentación de una demanda y que no se puede recurrir «aparece desatada de la presentación de cualquier demanda, presente o futura, porque no se oculta por el solicitante que la solicitud se formula a fin de valorar y ponderar con el debido rigor la más que probable existencia de intromisión ilegítima que perjudique el honor, intimidad, y en su caso, propia imagen y reputación de los menores».
El tribunal considera que la solicitud «ha sido presentada previamente a la interposición de demanda, con base en la inminente publicación del libro, que estaba prevista para el pasado día 26 de marzo de 2025, y con la referida finalidad de estudiar si se presenta o no una demanda, de forma que la medida es solicitada sin venir anudada a ninguna demanda, presente o futura».
El tribunal considera comprensible la sensibilidad del Ministerio Fiscal, en sus palabras, dadas las circunstancias, al versar la cuestión sobre los derechos contemplados por el art.18.1 de la Constitución y en relación con menores. «No se puede ser ajeno a las circunstancias que rodean este incidente ni a la especial protección que merecen las víctimas, pero la legislación procesal civil no contiene mecanismos que permitan acceder a la petición formulada por el Ministerio Público de conformidad con los razonamientos expuestos», expone.
El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 1.469 casos de violencia de género con menores expuestos a sufrir violencia vicaria, según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recogidos por Europa Press. En concreto, a 31 de mayo de este año hay un total de 102.575 casos activos por violencia de género en el Sistema VioGén, de los que 15 están en riesgo extremo, 978 en alto, 13.734 en medio, 43.235 en bajo y en 44.613 no se aprecia.
Los datos de Interior también revelan que hay 53.606 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, más de 7.000 de los que había registrados en el Sistema VioGén en el mismo mes del año pasado (46.513).
Así, un total de 1.469 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay cuatro casos de este tipo en riesgo extremo, 132 en alto y 1.323 en medio. Igualmente, la estadística refleja 12.510 casos con menores en situación de vulnerabilidad.
Además, por otro lado, 11.755 casos son de “especial relevancia”, con 15 de ellos en riesgo extremo, 932 en alto y 10.808 en medio. En estos últimos se detecta “una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.
Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 26.587; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.238; la Comunidad de Madrid, con 13.022; Canarias, con 6.650; Galicia, con 6.009; Castilla-La Mancha, con 5.598; Murcia, con 5.549; Castilla y León, con 5.286; Baleares, con 4.178; Extremadura, con 2.778; Aragón, con 2.487; Asturias, con 2.148; Navarra, con 2.036; Cantabria, con 1.556; La Rioja, con 953; Ceuta, con 262; y Melilla, con 238.
La violencia vicaria es un concepto inventado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro que hace referencia a una forma de violencia de género en la que el agresor, generalmente una pareja o expareja, utiliza a los hijos u otros seres queridos de la víctima como instrumentos para causarle daño emocional, psicológico o físico. El Gobierno de España ha hecho suyo el término y lo quiere materializar en una ley que castigará con penas de entre seis meses y tres años a quienes causen «dolor o sufrimiento a la mujer a través de personas instrumentales o interpuestas».
Las instituciones han asumido un concepto criticado por los expertos por ser acientífico (reduce todos los casos a una única causa: la violencia de género) y porque quita el foco de la verdadera víctima, el niño, para ponerlo sobre la mujer. Pero la principal pega que se le suele poner es que es unidireccional (del padre a la madre): ¿acaso no hay hombres que hayan sufrido violencia por parte de mujeres a través de sus hijos? Los hay, tal y como ha podido constatar THE OBJECTIVE.
«El problema con el término violencia vicaria es el mismo que hay con el de violencia de género, que en el caso de España solo concibe como tal la violencia que se ejerce sobre la mujer en el ámbito de la pareja, dejando en segundo plano a las víctimas masculinas que también sufran maltrato e impidiendo que puedan acceder a las mismas ayudas y derechos», explica Juanma Melgar, portavoz de la Fundación para la Defensa de los Hombres Maltratados (Fundahom) y mediador familiar.
La fundación trató casos de violencia contra los padres a través de los niños (lo que se llama violencia vicaria) que, según explica su portavoz, consistía en «amenazarles con quitarles a sus hijos, impedir que los hijos reciban tratamientos médicos, usar los momentos de la entrega de los hijos del régimen de visitas para insultarle o amenazarle o hablar mal de él y de su familia en presencia de sus hijos para ponerlos en contra». «Curiosamente todas estas formas de violencia son reconocidas por el propio Ministerio de Igualdad como violencia vicaria, pero solo cuando es la madre la que las sufre. De nuevo hay una parte de la realidad que se trata de invisibilizar», indica Melgar.
En su expresión más cruenta, la violencia vicaria termina en filicidio, y estos son cometidos mayoritariamente por mujeres. Pocos casos más mediáticos en España como el de Eugenio García, padre de Olivia, niña de seis años asesinada por su madre, que le introdujo lozarepam y enantyum en el cacao con leche, una triple dosis capaz de asesinar a un adulto. «Antes de dejarla con el padre, la mato», dijo Noemí a su hermano antes del filicidio. La madre había perdido la custodia de la niña.
«A Olivia le hablaba muy mal de mí y de mi actual pareja», conversa el padre con THE OBJECTIVE, y recuerda: «Pero ella era muy madura, razonaba y no claudicaba. Algunas veces, cuando hablaba con María por teléfono, su madre se lo quitaba, y la niña se enfadaba». «Esta señora era mala por naturaleza, pero el problema es que gozó de apoyo institucional. Sin ese apoyo no hubiera llegado a donde llegó», recuerda García, que sufrió 23 denuncias instrumentales y un infierno judicial de cinco años.
Olivia junto a su padre, en una imagen cedida por el progenitor.
El feminismo institucional calló sobre su caso. «Se niega tu existencia. Si no existes, si no se te visibiliza, no existe el problema, así que te tapan», lamenta el padre de Olivia, que no cree en la violencia vicaria ni en la violencia de género, sino en que las personas son capaces de hacer el mal independientemente de su sexo. «Esta es la puñetera realidad, que debe ser muy difícil de digerir en este país: una mujer se llevó a una niña de seis años muy brillante, se llevó por delante todo por lo que he luchado».
Por la bidireccionalidad del asunto, los expertos prefieren hablar de violencia por extensión o alienación parental. «La evidencia prueba que tanto madres como padres pueden ser alienadores; es una forma de abusos que no discrimina por sexo», según Jesús Muñoz, portavoz de la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid), que critica que «según este ministerio de sectarias y feministas de pensamiento único, el único que puede ejercer violencia vicaria, es el hombre heterosexual, contra una mujer heterosexual, a través de los hijos».
Este es un concepto inventado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro y asumido acríticamente por el Ministerio de Igualdad durante el mandato de Irene Montero. Los expertos no lo comparten por ser unidireccional (del padre a la madre), acientífico (reduce todos los casos a una única causa) y porque quita el foco de la verdadera víctima, el niño, para ponerlo sobre la mujer. Las madres, sin embargo, han perpetrado al menos siete de los filicidios cometidos en España en lo que va de año, según el recuento de la especialista Ana Sharife. Y otros cuatro casos están aún por esclarecer.
El Ministerio de Igualdad sólo contabiliza siete de los 18 filicidios cometidos en 2024.
El último filicidio de una madre se dio en Valencia de Don Juan (León) el 28 de mayo, día en el que una mujer joven de 18 años fue detenida después de que la Policía encontrara a su bebé muerto en el interior de un armario. Este habría nacido el día anterior, pero la joven trató de desprenderse de él: acudió a un centro sanitario debido a que sufría una fuerte hemorragia y el médico que la atendió la vinculó con un parto, que la joven negó, por lo que él avisó a los agentes. La muchacha ya ha ingresado en prisión, pero el bebé asesinado no figura en la estadística oficial de Igualdad.
Todos estos episodios han sido recopilados por la periodista Ana Sharife, que ha tenido que hacer la labor que no hacen las administraciones, recorriendo periódicos de tirada nacional y local en busca de filicidios. Por su experiencia de años investigando estos casos, Sharife sostiene que «al menos en un 70%» de los filicidios la madre es la asesina. También alerta de cómo «las cifras se disparan en los últimos años», lo que evidencia un mal diagnóstico de este tipo de violencia.
El filicidio materno
La criminóloga Beatriz de Vicente recuerda, en este sentido, que «aunque en los últimos tiempos estamos igualados, históricamente el filicidio es cometido más por la madre que por el padre. Todas las investigaciones apuntan a ello». La experta se remite al Informe sobre el homicidio publicado por el Ministerio del Interior en 2018, que resalta (páginas 46-47) que «las mujeres matan mucho más que los hombres en el ámbito del hogar, a miembros de la familia. De hecho, la mayoría de víctimas (86,7%) de edad inferior a 18 años fueron asesinadas por mujeres».
De Vicente complementa estos datos puntualizando que «las mujeres copan prácticamente la totalidad de los neonaticidios (asesinatos del bebé en las 24 horas posteriores al parto), pero a partir de los dos años es más probable que el victimario sea el padre». Uno de los motivos es que «el bebé es un ser dependiente de la madre, sin ella no vive, y a quien más puede molestar es a ella».
«La violencia vicaria no tiene sexo: es matar a alguien querido por la otra parte con la única intención de herirla; es utilizar a una víctima instrumental, y una víctima instrumental puede ser también una abuela, una madre o una mascota», zanja Beatriz de Vicente, que aboga por emplear el término «filicidio por venganza».
La experta en violencia de género Elena del Pilar Ramallo, por otro lado, diferencia entre violencia por extensión, que «se produce por parte de cualquiera de los progenitores y es un maltrato específico cuyo instrumento de tormento y daño son los hijos», y violencia vicaria, que sería «la instrumentalización y maltrato sobre los hijos como un daño a sumar sobre la violencia global que ya está siendo ejercida sobre las madres». Es decir, esta última se entendería como una violencia derivada de la otra. La investigadora feminista defiende la tesis de que no siempre la violencia vicaria se puede estudiar dentro del contexto de la violencia de género.
Una lacra que crece
En total, 18 menores han perdido la vida a manos de sus progenitores por violencia intrafamiliar en lo que va de año, una cifra alarmantemente elevada y que no recibe la atención que, por ejemplo, sí se destina a la llamada violencia de género, a pesar de que cuantitativamente es menor: doce mujeres han sido asesinadas en 2024 por sus parejas o exparejas, la mitad de ellas de origen extranjero.
A este ritmo, las cifras de filicidios de 2024 duplicarán las registradas en años anteriores. Echando la vista a atrás, en 2019 hubo 22 (aunque el relato oficial solo reconoció cuatro); en 2021, un total de 17 menores fallecidos (el Gobierno solo contabilizó siete). Por tanto, los 53 casos de violencia reportados desde 2013 distan mucho de reflejar la verdadera magnitud del problema. La cifra real podría superar los 200 casos. Pero el relato, en esta desdichada realidad, se ha impuesto al dato.
En España se han cometido 35 infanticidios en 2024, pero el Gobierno sólo ha contabilizado nueve de esos casos. Para la Delegación contra la Violencia de Género, que sólo contempla los filicidios paternos, los otros 26 niños no constan. Esto significa que el 74% de los niños asesinados en un entorno doméstico han sido despreciados por no englobarse dentro de lo que el Ejecutivo llama «violencia vicaria», entendiendo esta como «violencia de género».
Ese es un concepto inventado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro y asumido por el Ministerio de Igualdad durante el mandato de Irene Montero. El gabinete de Ana Redondo no ha cambiado esta posición, a pesar de que cada vez más expertos lo rechazan por ser unidireccional (del padre a la madre), acientífico (reduce todos los casos a una única causa) y porque quita el foco de la verdadera víctima, el niño, para ponerlo sobre la mujer. Esta -la mujer- ha cometido la mayoría de los filicidios de 2024 en España, según el cálculo de la asociación Anavid, que ha contado hasta 20 perpetrados por la madre. También habría algunos infanticidios cometidos por el abuelo o por la pareja de uno de los progenitores.
El Ministerio de Igualdad sólo contabiliza nueve de los 35 infanticidios cometidos en 2024.
El último filicidio materno confirmado se produjo el 21 de noviembre, cuando detuvieron a una mujer por asesinar a su bebé recién nacido, hallado sin vida en el interior de un inodoro en Mahón (Menorca). Ese mismo mes, el día nueve, tuvo lugar el penúltimo caso: una mujer mató a su hija haciéndola consumir pastillas hasta la sobredosis. La madre tenía antecedentes psiquiátricos. Ninguna de estas dos víctimas figura en la estadística oficial de Igualdad.
Estos episodios han sido recopilados por Anavid, que ha hecho la labor que no hacen las administraciones, ya que el Gobierno no tiene ninguna estadística global sobre los filicidios (ni siquiera en los ministerios del Interior o de Infancia y Juventud). Anavid lo ha logrado con información publicada en los periódicos sobre infanticidios cometidos en el entorno doméstico. «No les importan los niños, ni tampoco las mujeres, y mucho menos los hombres», considera Jesús Muñoz, portavoz de la asociación, que lamenta que «el 75% de las muertes de los niños no las han tenido en cuenta»: «De esos 35 niños, 21 son bebés, la mayoría encontrados en vertederos o cubos de basura como si fuesen desechos».
Anavid condena «cualquier tipo de violencia, independientemente de quién sea el agresor, ya que consideramos que todas las personas y vidas humanas valen lo mismo». Están en contra del concepto «violencia de género» y «violencia vicaria», a partir de los cuales el Gobierno sólo contabiliza los asesinatos de hombre a mujer y de padre a progenitor, dejando por el camino muchas víctimas. Igualdad solo ha contado 56 de los 136 asesinatos cometidos en el entorno doméstico en 2024.
«¿Por qué la muerte de una mujer importa si es asesinada por su marido o exmarido, pero no si es asesinada por su novia, hermano, compañero de piso?», se plantea Muñoz, que denuncia que «hay víctimas de primera y de segunda».
Filicidios maternos
El Gobierno, a pregunta de la senadora del Partido Popular Cristina Ayala, admitió en 2022 que las mujeres cometen más filicidios que los hombres. El Informe sobre el homicidio publicado por el Ministerio del Interior en 2018 resalta (páginas 46-47) que «las mujeres matan mucho más que los hombres en el ámbito del hogar, a miembros de la familia. De hecho, la mayoría de víctimas (86,7%) de edad inferior a 18 años fueron asesinadas por mujeres». El Ejecutivo, sin embargo, se resiste a abordar esta realidad porque no encaja en su relato.
Sobre el porqué de esta tendencia, hay pocas explicaciones. DominiqueBourget y Pierre Gagné, en un estudio realizado en 2012 sobre los homicidios de parejas sentimentales, concluyeron que las homicidas femeninas de su muestra no estaban deprimidas, y solo una quinta parte se hallaban bajo los efectos de sustancias tóxicas. Es decir, que no actuarían por enajenación. Sea como fuere, en lo que convienen criminólogos como Beatriz de Vicente, Juan Carlos Gutiérrez y Victoria Pascual es en abandonar el término «violencia vicaria» para emplear, en todo caso, «filicidio por venganza», ya que este puede ser cometido también por una mujer.
La sección cuarta de la Audiencia de Barcelona ha confirmado la desestimación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la paralización de la publicación de un libro sobre José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por matar a sus dos hijos en un caso de violencia vicaria.
El auto de la Audiencia, consultado por Europa Press, confirma la resolución del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona, en contra de la postura del ministerio público, que recurrió la desestimación de la medida cautelar. El pasado 27 de marzo, la editorial Anagrama anunció que suspendía ‘sine die’ la distribución del libro El odio de Luisgé Martín y expresó su «respeto absoluto» hacia la madre de los menores, Ruth Ortiz.
La finalidad concreta de la solicitud cautelar, explica el tribunal, no es garantizar la protección de derechos mientras se resuelve una demanda presentada y que se ha adoptado ya la decisión de presentar, sino la paralización de la publicación para decidir si se presenta la demanda.
La medida añade, no resulta ser «exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de forma que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante el proceso correspondiente», lo cual presupone el seguimiento de un proceso civil.
Analizar la intromisión en el honor
La medida, solicitada con carácter previo a la presentación de una demanda y que no se puede recurrir «aparece desatada de la presentación de cualquier demanda, presente o futura, porque no se oculta por el solicitante que la solicitud se formula a fin de valorar y ponderar con el debido rigor la más que probable existencia de intromisión ilegítima que perjudique el honor, intimidad, y en su caso, propia imagen y reputación de los menores».
El tribunal considera que la solicitud «ha sido presentada previamente a la interposición de demanda, con base en la inminente publicación del libro, que estaba prevista para el pasado día 26 de marzo de 2025, y con la referida finalidad de estudiar si se presenta o no una demanda, de forma que la medida es solicitada sin venir anudada a ninguna demanda, presente o futura».
El tribunal considera comprensible la sensibilidad del Ministerio Fiscal, en sus palabras, dadas las circunstancias, al versar la cuestión sobre los derechos contemplados por el art.18.1 de la Constitución y en relación con menores. «No se puede ser ajeno a las circunstancias que rodean este incidente ni a la especial protección que merecen las víctimas, pero la legislación procesal civil no contiene mecanismos que permitan acceder a la petición formulada por el Ministerio Público de conformidad con los razonamientos expuestos», expone.
La Ertzaintza está investigando la muerte de una menor de 13 años a manos de su padre, de 43 años, que después se habría suicidado en su domicilio ubicado en el barrio de Rekalde de Bilbao, como un presunto caso de violencia vicaria, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.
Los cadáveres del hombre y de la menor han sido encontrados a primera hora de este viernes en su domicilio de la capital vizcaína y, aunque se está investigando las circunstancias, ambos presentan signos de violencia, mientras que la madre del menor ha tenido que ser trasladada a un centro de salud con lesiones.
La Policía Municipal de Bilbao alertó a la Ertzaintza sobre las 05.08 horas tras conocer que una mujer herida había sido rescatada de una vivienda del barrio de Rekalde y necesitaba ayuda. En ese domicilio se estaba produciendo un grave incidente de violencia de género y doméstica, en el que se encontraban su pareja y su hija.
La Policía Municipal de Bilbao ha auxiliado a la mujer y ha acudido a la vivienda donde se produjo el ataque, donde encontró a dos personas muertas, una niña y un hombre. Ambos presentaban signos de violencia, presuntamente provocados por arma blanca. La mujer herida ha sido trasladada después al Hospital de Basurtu. La Ertzaintza se ha hecho cargo de la investigación y se encuentra vigilando el lugar del incidente. Allí, departamentos especializados realizarán una inspección visual, según ha detallado la Ertzaintza.
Tras conocer lo ocurrido, el lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que «todo apunta a que se trata de un caso de violencia vicaria, que es la expresión más terrible de la violencia machista». En un acto inaugural de un servicio de tren de cercanías en Vitoria, Pradales ha condenado «este terrible asesinato» y ha expresado su solidaridad a la familia, a la vez que ha deseado una investigación «rigurosa y respetuosa».
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
