La sección cuarta de la Audiencia de Barcelona ha confirmado la desestimación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la paralización de la publicación de un libro sobre José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por matar a sus dos hijos en un caso de violencia vicaria.

El auto de la Audiencia, consultado por Europa Press, confirma la resolución del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona, en contra de la postura del ministerio público, que recurrió la desestimación de la medida cautelar. El pasado 27 de marzo, la editorial Anagrama anunció que suspendía ‘sine die’ la distribución del libro El odio de Luisgé Martín y expresó su «respeto absoluto» hacia la madre de los menores, Ruth Ortiz.

La finalidad concreta de la solicitud cautelar, explica el tribunal, no es garantizar la protección de derechos mientras se resuelve una demanda presentada y que se ha adoptado ya la decisión de presentar, sino la paralización de la publicación para decidir si se presenta la demanda.

La medida añade, no resulta ser «exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de forma que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante el proceso correspondiente», lo cual presupone el seguimiento de un proceso civil.

Analizar la intromisión en el honor

La medida, solicitada con carácter previo a la presentación de una demanda y que no se puede recurrir «aparece desatada de la presentación de cualquier demanda, presente o futura, porque no se oculta por el solicitante que la solicitud se formula a fin de valorar y ponderar con el debido rigor la más que probable existencia de intromisión ilegítima que perjudique el honor, intimidad, y en su caso, propia imagen y reputación de los menores».

El tribunal considera que la solicitud «ha sido presentada previamente a la interposición de demanda, con base en la inminente publicación del libro, que estaba prevista para el pasado día 26 de marzo de 2025, y con la referida finalidad de estudiar si se presenta o no una demanda, de forma que la medida es solicitada sin venir anudada a ninguna demanda, presente o futura».

El tribunal considera comprensible la sensibilidad del Ministerio Fiscal, en sus palabras, dadas las circunstancias, al versar la cuestión sobre los derechos contemplados por el art.18.1 de la Constitución y en relación con menores. «No se puede ser ajeno a las circunstancias que rodean este incidente ni a la especial protección que merecen las víctimas, pero la legislación procesal civil no contiene mecanismos que permitan acceder a la petición formulada por el Ministerio Público de conformidad con los razonamientos expuestos», expone.

La violencia vicaria es un concepto inventado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro que hace referencia a una forma de violencia de género en la que el agresor, generalmente una pareja o expareja, utiliza a los hijos u otros seres queridos de la víctima como instrumentos para causarle daño emocional, psicológico o físico. El Gobierno de España ha hecho suyo el término y lo quiere materializar en una ley que castigará con penas de entre seis meses y tres años a quienes causen «dolor o sufrimiento a la mujer a través de personas instrumentales o interpuestas».

Las instituciones han asumido un concepto criticado por los expertos por ser acientífico (reduce todos los casos a una única causa: la violencia de género) y porque quita el foco de la verdadera víctima, el niño, para ponerlo sobre la mujer. Pero la principal pega que se le suele poner es que es unidireccional (del padre a la madre): ¿acaso no hay hombres que hayan sufrido violencia por parte de mujeres a través de sus hijos? Los hay, tal y como ha podido constatar THE OBJECTIVE.

«El problema con el término violencia vicaria es el mismo que hay con el de violencia de género, que en el caso de España solo concibe como tal la violencia que se ejerce sobre la mujer en el ámbito de la pareja, dejando en segundo plano a las víctimas masculinas que también sufran maltrato e impidiendo que puedan acceder a las mismas ayudas y derechos», explica Juanma Melgar, portavoz de la Fundación para la Defensa de los Hombres Maltratados (Fundahom) y mediador familiar.

La fundación trató casos de violencia contra los padres a través de los niños (lo que se llama violencia vicaria) que, según explica su portavoz, consistía en «amenazarles con quitarles a sus hijos, impedir que los hijos reciban tratamientos médicos, usar los momentos de la entrega de los hijos del régimen de visitas para insultarle o amenazarle o hablar mal de él y de su familia en presencia de sus hijos para ponerlos en contra». «Curiosamente todas estas formas de violencia son reconocidas por el propio Ministerio de Igualdad como violencia vicaria, pero solo cuando es la madre la que las sufre. De nuevo hay una parte de la realidad que se trata de invisibilizar», indica Melgar.

En su expresión más cruenta, la violencia vicaria termina en filicidio, y estos son cometidos mayoritariamente por mujeres. Pocos casos más mediáticos en España como el de Eugenio García, padre de Olivia, niña de seis años asesinada por su madre, que le introdujo lozarepam y enantyum en el cacao con leche, una triple dosis capaz de asesinar a un adulto. «Antes de dejarla con el padre, la mato», dijo Noemí a su hermano antes del filicidio. La madre había perdido la custodia de la niña.

«A Olivia le hablaba muy mal de mí y de mi actual pareja», conversa el padre con THE OBJECTIVE, y recuerda: «Pero ella era muy madura, razonaba y no claudicaba. Algunas veces, cuando hablaba con María por teléfono, su madre se lo quitaba, y la niña se enfadaba». «Esta señora era mala por naturaleza, pero el problema es que gozó de apoyo institucional. Sin ese apoyo no hubiera llegado a donde llegó», recuerda García, que sufrió 23 denuncias instrumentales y un infierno judicial de cinco años.

El feminismo institucional calló sobre su caso. «Se niega tu existencia. Si no existes, si no se te visibiliza, no existe el problema, así que te tapan», lamenta el padre de Olivia, que no cree en la violencia vicaria ni en la violencia de género, sino en que las personas son capaces de hacer el mal independientemente de su sexo. «Esta es la puñetera realidad, que debe ser muy difícil de digerir en este país: una mujer se llevó a una niña de seis años muy brillante, se llevó por delante todo por lo que he luchado».

Por la bidireccionalidad del asunto, los expertos prefieren hablar de violencia por extensión o alienación parental. «La evidencia prueba que tanto madres como padres pueden ser alienadores; es una forma de abusos que no discrimina por sexo», según Jesús Muñoz, portavoz de la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid), que critica que «según este ministerio de sectarias y feministas de pensamiento único, el único que puede ejercer violencia vicaria, es el hombre heterosexual, contra una mujer heterosexual, a través de los hijos».

El equipo jurídico de Juana Rivas ha presentado una denuncia por violencia vicaria internacional contra su expareja, el italiano Francesco Arcuri, la primera de estas características que se examinará en España y en la que se relatan más de ocho años de maltrato.

La denuncia, de 22 páginas y a la que ha tenido acceso EFE, narra una serie de episodios de violencia contra esta vecina de Maracena (Granada) y sus dos hijos, uno aún menor de edad, y presenta a su expareja como un maltratador.

Según Aránguez Abogados, que representa a Juana Rivas, se trata de la primera denuncia por violencia de género vicaria internacional que examinarán los tribunales españoles y busca así que el debate sobre los ocho años previos de denuncias llegue al Tribunal Supremo.

Esta nueva denuncia se suma a las tres formalizadas desde el pasado diciembre y archivadas por los juzgados de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada y Málaga y se produce mientras el menor de los hijos de Rivas y Arcuri continúa en España por las medidas cautelares aprobadas por un juzgado instructor en funciones de guardia.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada ha archivado la denuncia por violencia vicaria internacional que presentó en enero Juana Rivas contra su exmarido, el italiano Francesco Arcuri, al interpretar que solo recopila hechos ya denunciados durante los últimos ocho años.

El auto del juzgado especializado en violencia machista, contra el que cabe recurso y al que ha tenido acceso EFE, ha acordado el archivo porque, “como resulta del propio contenido de la denuncia”, todos los episodios relatados “se encuentran judicializados en distintos procedimientos penales”, según recoge EFE.

La juez ha argumentado el archivo de la denuncia en que, más allá de la calificación como un delito de violencia vicaria internacional que defiende el equipo jurídicos de Juana Rivas, la denuncia no aporta ningún posible hecho delictivo nuevo.

El equipo jurídico de Juana Rivas presentó en enero la denuncia ahora archivada, un texto de 22 páginas que, según Aránguez Abogados, representa el primero de sus características que se formaliza en España. El letrado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha explicado tras el auto de archivo que mantiene el objetivo de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la denuncia para lograr que el delito de violencia vicaria internacional se reconozca como una “realidad jurídica” en los tribunales españoles.

Aránguez ha denunciado la falta de aplicación de la normativa que combate esta forma de violencia de género en España y ha adelantado que su equipo recurrirá el auto de archivo ante la Audiencia de Granada. El letrado de Juana Rivas ha lamentado que en España “no se asuma” de manera plena la violencia vicaria y ha defendido que Arcuri agrede a sus hijos, uno de ellos menor, para someter a la madre y hacerle la vida imposible.

Aránguez ha reconocido que con el archivo de esta denuncia comienza un “largo recorrido” de los recursos en las distintas instancias, un proceso que el equipo jurídico de Juana Rivas ha dicho que afronta para dar visibilidad a un “grave problema políticocriminal”.

La denuncia por violencia vicaria internacional que firmaron Juana Rivas y su hijo mayor se sumó a las tres formalizadas desde diciembre y archivadas por los juzgados de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada y Málaga. Se presentó mientras el menor de los hijos de Rivas y Arcuri continúa en España por las medidas cautelares aprobadas por un juzgado instructor en funciones de guardia y explica un “intenso recorrido judicial” que comenzó en 2016, cuando ella regresó a Maracena y denunció a su exmarido.

El menor de los dos hijos de la expareja continúa en España con su madre, pese a que la custodia la tiene Arcuri, mientras se espera que la Corte de Apelación de Cagliari dicte sentencia sobre la custodia del niño.

Albert Einstein definió la locura como «hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente». Con arreglo a esta definición, podría decirse que el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género es, en puridad, una locura, pues en teoría pretende «erradicar» esta lacra renovando y ampliando el acuerdo alcanzado en 2017, que ha supuesto el despilfarro de millones de euros, ha discriminado aún más al varón, y ha empeorado la inseguridad que sufren las mujeres: las violaciones se han disparado y los (mal) llamados feminicidios se han mantenido en una dinámica estable.

Alrededor de 50 mujeres son asesinadas cada año, sin percibirse una tendencia a la baja (muy al contrario, en 2023 hubo un importante repunte, siendo 58), mientras que las agresiones sexuales con penetración han pasado de 2.136 en 2017 a 4.890 en 2023 (no hay datos oficiales de 2024, pero las estimaciones apuntan a un lamentable récord). Institucionalmente se insiste en que ahora «se denuncia más», lo cual es un disparate: somos una sociedad distinta con respecto a los años ochenta, pero no con respecto a cinco años atrás; no en la medida en la que las denuncias vayan camino de triplicarse en una década.

La otra explicación, que sería el mayor consumo de pornografía, es igualmente ridícula y ya ha sido ampliamente refutada en THE OBJECTIVE. De hecho, basta una pregunta para desmontarla: ¿se consume más porno en Cataluña (donde el número de agresiones sexuales con penetración por 100.000 habitantes es de 16,5) que en La Rioja (3,8)?

Los datos no mejoran porque, como algunos hemos denunciado con insistencia, el análisis es negligente. La llamada «violencia de género» presupone que el motor de todo crimen contra la mujer es el machismo, lo cual es nefasto desde el punto de vista lógico, y excluye de la ecuación factores como drogadicción, desempleo, abusos en la infancia, problemas mentales y, sobre todo, importación de culturas donde la mujer es considerada como un ser inferior al varón.

«A la locura de algunos se suma la voluntad de lucro de quienes han convertido un drama en un negocio, y que sacan tajada disparando contra un fantasma: el patriarcado»

La voluntad de omitir este último factor, a pesar de que los datos hablan por sí solos (los africanos cometen, en proporción, 5,6 veces más delitos sexuales que los españoles), conduce a pensar que a la locura de algunos se suma la voluntad de lucro de quienes han convertido un drama en un negocio, y que sacan tajada de disparar contra un fantasma: el patriarcado. No puede haber tantos locos.

En el próximo lustro, nuestras instituciones dilapidarán 1.500 millones de euros en políticas inútiles, cuando no directamente en memeces. El año pasado, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres detectó al menos 130 casos de supuesta malversación de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: dinero que, en vez de ir a la (mala) prevención o a las víctimas, iba a carreras de tacones, pasos de peatones arcoíris, talleres de maquillaje, charlas LGTB, puntos violeta o bailes con vermú posterior. No es magia, son tus impuestos.

Para más inri, la renovación del Pacto incluye medidas sobre «violencia vicaria», otro concepto ideológico y acientífico, inventado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro, que sostiene que los hombres buscan hacer daño a las mujeres utilizando a sus hijos, y que jamás sucede a la inversa, a pesar de que la mayoría de filicidios los cometen las madres. Con arreglo a este análisis, el acuerdo contempla incluir como víctimas de violencia de género a «aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria», es decir, a aquellos que hayan sido agredidos por el padre. Si te agrede la madre, aquí no importas.

«En cinco años volveremos a lamentarnos: la violencia contra la mujer habrá aumentado, así como la discriminación hacia los varones, y muchas personas se habrán lucrado gracias a convertir un drama en un negocio»

Más discriminación hacia el varón, más barbarie y más derecho penal de autor. En este sentido, la guinda al pastel es la inclusión de la «violencia económica», entendida de nuevo como una posibilidad unidireccional, y que supondrá que, en lo sucesivo, delitos como impago de pensiones, estafas, administración desleal o apropiación indebida tendrán una penalidad mayor si los comete un hombre.

Más diferencias legales entre hombre y mujer que se suman a las 509 que existen ya en España, muchas de las cuales provienen precisamente del pacto alcanzado por todos los partidos en 2017.

En definitiva, el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género supone más burocracia, más ideología, más gasto estatal en políticas fallidas, más invisibilización a las víctimas no aprovechables y más discriminación al varón. El negocio se mantiene por el interés de unos y el miedo de otros a que les llamen cosas feas en La Sexta. El simplismo y el bienquedar son cómodos, pero en cuestiones así cuestan vidas.

Dentro de cinco años volveremos a lamentarnos: la violencia contra la mujer habrá aumentado, así como la discriminación hacia los varones, y muchas personas se habrán lucrado gracias a convertir un drama en un negocio. Pero los malos (los negacionistas, machistas y fascistas) seremos, de nuevo, quienes tratamos de impedir todo aquello.

La sección cuarta de la Audiencia de Barcelona ha confirmado la desestimación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la paralización de la publicación de un libro sobre José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por matar a sus dos hijos en un caso de violencia vicaria.

El auto de la Audiencia, consultado por Europa Press, confirma la resolución del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona, en contra de la postura del ministerio público, que recurrió la desestimación de la medida cautelar. El pasado 27 de marzo, la editorial Anagrama anunció que suspendía ‘sine die’ la distribución del libro El odio de Luisgé Martín y expresó su «respeto absoluto» hacia la madre de los menores, Ruth Ortiz.

La finalidad concreta de la solicitud cautelar, explica el tribunal, no es garantizar la protección de derechos mientras se resuelve una demanda presentada y que se ha adoptado ya la decisión de presentar, sino la paralización de la publicación para decidir si se presenta la demanda.

La medida añade, no resulta ser «exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de forma que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante el proceso correspondiente», lo cual presupone el seguimiento de un proceso civil.

Analizar la intromisión en el honor

La medida, solicitada con carácter previo a la presentación de una demanda y que no se puede recurrir «aparece desatada de la presentación de cualquier demanda, presente o futura, porque no se oculta por el solicitante que la solicitud se formula a fin de valorar y ponderar con el debido rigor la más que probable existencia de intromisión ilegítima que perjudique el honor, intimidad, y en su caso, propia imagen y reputación de los menores».

El tribunal considera que la solicitud «ha sido presentada previamente a la interposición de demanda, con base en la inminente publicación del libro, que estaba prevista para el pasado día 26 de marzo de 2025, y con la referida finalidad de estudiar si se presenta o no una demanda, de forma que la medida es solicitada sin venir anudada a ninguna demanda, presente o futura».

El tribunal considera comprensible la sensibilidad del Ministerio Fiscal, en sus palabras, dadas las circunstancias, al versar la cuestión sobre los derechos contemplados por el art.18.1 de la Constitución y en relación con menores. «No se puede ser ajeno a las circunstancias que rodean este incidente ni a la especial protección que merecen las víctimas, pero la legislación procesal civil no contiene mecanismos que permitan acceder a la petición formulada por el Ministerio Público de conformidad con los razonamientos expuestos», expone.

El Ministerio de Igualdad ha elevado este viernes a nueve los menores asesinados por violencia vicaria este 2024, tras confirmar el caso del niño de dos años en Linares (Jaén).

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, el menor fue asesinado este jueves 28 de noviembre, presuntamente por la pareja de su madre. Además, ha apuntado que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso ya son nueve los menores asesinados este 2024, el año, junto con 2015, con más víctimas de toda la serie histórica. En total, son 62 los niños asesinados por violencia vicaria desde 2013, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

En este suceso hay otro menor herido, hermano mellizo del fallecido, que este miércoles cumplieron dos años, que tuvo que ser trasladado al Hospital San Agustín de Linares (Jaén) y que también presenta lesiones, aunque en principio no se teme por su vida, según han señalado desde la Policía Nacional.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a Europa Press que del suceso se tuvo conocimiento sobre las 14:30 horas, cuando se alertó al 061 de que había un menor aparentemente fallecido de forma violenta en una vivienda situada en el número 58 de la calle Áurea Galindo, en Linares.

Fueron los vecinos los quienes alertaron de lo ocurrido. Cuando llegó el 061 ya había agentes de la Policía Nacional intentando reanimar al menor. Los equipos médicos se hicieron cargo del niño, pero tras media hora de maniobras de reanimación certificaron su fallecimiento.

El equipo jurídico de Juana Rivas ha presentado una denuncia por violencia vicaria internacional contra su expareja, el italiano Francesco Arcuri, la primera de estas características que se examinará en España y en la que se relatan más de ocho años de maltrato.

La denuncia, de 22 páginas y a la que ha tenido acceso EFE, narra una serie de episodios de violencia contra esta vecina de Maracena (Granada) y sus dos hijos, uno aún menor de edad, y presenta a su expareja como un maltratador.

Según Aránguez Abogados, que representa a Juana Rivas, se trata de la primera denuncia por violencia de género vicaria internacional que examinarán los tribunales españoles y busca así que el debate sobre los ocho años previos de denuncias llegue al Tribunal Supremo.

Esta nueva denuncia se suma a las tres formalizadas desde el pasado diciembre y archivadas por los juzgados de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada y Málaga y se produce mientras el menor de los hijos de Rivas y Arcuri continúa en España por las medidas cautelares aprobadas por un juzgado instructor en funciones de guardia.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada ha archivado la denuncia por violencia vicaria internacional que presentó en enero Juana Rivas contra su exmarido, el italiano Francesco Arcuri, al interpretar que solo recopila hechos ya denunciados durante los últimos ocho años.

El auto del juzgado especializado en violencia machista, contra el que cabe recurso y al que ha tenido acceso EFE, ha acordado el archivo porque, “como resulta del propio contenido de la denuncia”, todos los episodios relatados “se encuentran judicializados en distintos procedimientos penales”, según recoge EFE.

La juez ha argumentado el archivo de la denuncia en que, más allá de la calificación como un delito de violencia vicaria internacional que defiende el equipo jurídicos de Juana Rivas, la denuncia no aporta ningún posible hecho delictivo nuevo.

El equipo jurídico de Juana Rivas presentó en enero la denuncia ahora archivada, un texto de 22 páginas que, según Aránguez Abogados, representa el primero de sus características que se formaliza en España. El letrado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha explicado tras el auto de archivo que mantiene el objetivo de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la denuncia para lograr que el delito de violencia vicaria internacional se reconozca como una “realidad jurídica” en los tribunales españoles.

Aránguez ha denunciado la falta de aplicación de la normativa que combate esta forma de violencia de género en España y ha adelantado que su equipo recurrirá el auto de archivo ante la Audiencia de Granada. El letrado de Juana Rivas ha lamentado que en España “no se asuma” de manera plena la violencia vicaria y ha defendido que Arcuri agrede a sus hijos, uno de ellos menor, para someter a la madre y hacerle la vida imposible.

Aránguez ha reconocido que con el archivo de esta denuncia comienza un “largo recorrido” de los recursos en las distintas instancias, un proceso que el equipo jurídico de Juana Rivas ha dicho que afronta para dar visibilidad a un “grave problema políticocriminal”.

La denuncia por violencia vicaria internacional que firmaron Juana Rivas y su hijo mayor se sumó a las tres formalizadas desde diciembre y archivadas por los juzgados de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada y Málaga. Se presentó mientras el menor de los hijos de Rivas y Arcuri continúa en España por las medidas cautelares aprobadas por un juzgado instructor en funciones de guardia y explica un “intenso recorrido judicial” que comenzó en 2016, cuando ella regresó a Maracena y denunció a su exmarido.

El menor de los dos hijos de la expareja continúa en España con su madre, pese a que la custodia la tiene Arcuri, mientras se espera que la Corte de Apelación de Cagliari dicte sentencia sobre la custodia del niño.

Albert Einstein definió la locura como «hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente». Con arreglo a esta definición, podría decirse que el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género es, en puridad, una locura, pues en teoría pretende «erradicar» esta lacra renovando y ampliando el acuerdo alcanzado en 2017, que ha supuesto el despilfarro de millones de euros, ha discriminado aún más al varón, y ha empeorado la inseguridad que sufren las mujeres: las violaciones se han disparado y los (mal) llamados feminicidios se han mantenido en una dinámica estable.

Alrededor de 50 mujeres son asesinadas cada año, sin percibirse una tendencia a la baja (muy al contrario, en 2023 hubo un importante repunte, siendo 58), mientras que las agresiones sexuales con penetración han pasado de 2.136 en 2017 a 4.890 en 2023 (no hay datos oficiales de 2024, pero las estimaciones apuntan a un lamentable récord). Institucionalmente se insiste en que ahora «se denuncia más», lo cual es un disparate: somos una sociedad distinta con respecto a los años ochenta, pero no con respecto a cinco años atrás; no en la medida en la que las denuncias vayan camino de triplicarse en una década.

La otra explicación, que sería el mayor consumo de pornografía, es igualmente ridícula y ya ha sido ampliamente refutada en THE OBJECTIVE. De hecho, basta una pregunta para desmontarla: ¿se consume más porno en Cataluña (donde el número de agresiones sexuales con penetración por 100.000 habitantes es de 16,5) que en La Rioja (3,8)?

Los datos no mejoran porque, como algunos hemos denunciado con insistencia, el análisis es negligente. La llamada «violencia de género» presupone que el motor de todo crimen contra la mujer es el machismo, lo cual es nefasto desde el punto de vista lógico, y excluye de la ecuación factores como drogadicción, desempleo, abusos en la infancia, problemas mentales y, sobre todo, importación de culturas donde la mujer es considerada como un ser inferior al varón.

«A la locura de algunos se suma la voluntad de lucro de quienes han convertido un drama en un negocio, y que sacan tajada disparando contra un fantasma: el patriarcado»

La voluntad de omitir este último factor, a pesar de que los datos hablan por sí solos (los africanos cometen, en proporción, 5,6 veces más delitos sexuales que los españoles), conduce a pensar que a la locura de algunos se suma la voluntad de lucro de quienes han convertido un drama en un negocio, y que sacan tajada de disparar contra un fantasma: el patriarcado. No puede haber tantos locos.

En el próximo lustro, nuestras instituciones dilapidarán 1.500 millones de euros en políticas inútiles, cuando no directamente en memeces. El año pasado, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres detectó al menos 130 casos de supuesta malversación de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: dinero que, en vez de ir a la (mala) prevención o a las víctimas, iba a carreras de tacones, pasos de peatones arcoíris, talleres de maquillaje, charlas LGTB, puntos violeta o bailes con vermú posterior. No es magia, son tus impuestos.

Para más inri, la renovación del Pacto incluye medidas sobre «violencia vicaria», otro concepto ideológico y acientífico, inventado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro, que sostiene que los hombres buscan hacer daño a las mujeres utilizando a sus hijos, y que jamás sucede a la inversa, a pesar de que la mayoría de filicidios los cometen las madres. Con arreglo a este análisis, el acuerdo contempla incluir como víctimas de violencia de género a «aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria», es decir, a aquellos que hayan sido agredidos por el padre. Si te agrede la madre, aquí no importas.

«En cinco años volveremos a lamentarnos: la violencia contra la mujer habrá aumentado, así como la discriminación hacia los varones, y muchas personas se habrán lucrado gracias a convertir un drama en un negocio»

Más discriminación hacia el varón, más barbarie y más derecho penal de autor. En este sentido, la guinda al pastel es la inclusión de la «violencia económica», entendida de nuevo como una posibilidad unidireccional, y que supondrá que, en lo sucesivo, delitos como impago de pensiones, estafas, administración desleal o apropiación indebida tendrán una penalidad mayor si los comete un hombre.

Más diferencias legales entre hombre y mujer que se suman a las 509 que existen ya en España, muchas de las cuales provienen precisamente del pacto alcanzado por todos los partidos en 2017.

En definitiva, el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género supone más burocracia, más ideología, más gasto estatal en políticas fallidas, más invisibilización a las víctimas no aprovechables y más discriminación al varón. El negocio se mantiene por el interés de unos y el miedo de otros a que les llamen cosas feas en La Sexta. El simplismo y el bienquedar son cómodos, pero en cuestiones así cuestan vidas.

Dentro de cinco años volveremos a lamentarnos: la violencia contra la mujer habrá aumentado, así como la discriminación hacia los varones, y muchas personas se habrán lucrado gracias a convertir un drama en un negocio. Pero los malos (los negacionistas, machistas y fascistas) seremos, de nuevo, quienes tratamos de impedir todo aquello.

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 1.469 casos de violencia de género con menores expuestos a sufrir violencia vicaria, según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recogidos por Europa Press. En concreto, a 31 de mayo de este año hay un total de 102.575 casos activos por violencia de género en el Sistema VioGén, de los que 15 están en riesgo extremo, 978 en alto, 13.734 en medio, 43.235 en bajo y en 44.613 no se aprecia.

Los datos de Interior también revelan que hay 53.606 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, más de 7.000 de los que había registrados en el Sistema VioGén en el mismo mes del año pasado (46.513).

Así, un total de 1.469 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay cuatro casos de este tipo en riesgo extremo, 132 en alto y 1.323 en medio. Igualmente, la estadística refleja 12.510 casos con menores en situación de vulnerabilidad.

Además, por otro lado, 11.755 casos son de “especial relevancia”, con 15 de ellos en riesgo extremo, 932 en alto y 10.808 en medio. En estos últimos se detecta “una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 26.587; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.238; la Comunidad de Madrid, con 13.022; Canarias, con 6.650; Galicia, con 6.009; Castilla-La Mancha, con 5.598; Murcia, con 5.549; Castilla y León, con 5.286; Baleares, con 4.178; Extremadura, con 2.778; Aragón, con 2.487; Asturias, con 2.148; Navarra, con 2.036; Cantabria, con 1.556; La Rioja, con 953; Ceuta, con 262; y Melilla, con 238.

La jueza del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Arganda del Rey (Madrid) ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza de Erika Beatriz L. M., la detenida por el supuesto asesinato de su bebé, cuyo cuerpo decapitado fue hallado en un vertedero de localidad madrileña de Loeches.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado de que en las próximas horas la mujer será conducida al recinto penitenciario de Estremera. La mujer está investigada por la supuesta comisión de un delito de asesinato, si bien esta calificación es inicial y podría estar sujeta a modificaciones según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación en el marco de la instrucción judicial.

La mujer, de origen ecuatoriano de 39 años, fue detenida en su piso de la avenida de la Albufera, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas y hasta este viernes ha permanecido en las dependencias de Guardia Civil.

El pasado 12 de diciembre una de las trabajadores del centro de reciclaje de Loeches encontró los restos del recién nacido en una zona de la aguja de prensado y, desde entonces, la Guardia Civil ha estado investigando este caso denominado ‘operación Natal’ y pidió la colaboración ciudadana para el total esclarecimiento de los hechos.

Desde el inicio de las pesquisas se determinó que se trataba del cuerpo de una bebé de cinco días con signos de violencia y sería originaria de América del Sur. También se logró constatar que los restos fueron trasladados desde unos contenedores del distrito de Puente de Vallecas.

El libro El odio, en el que el escritor y periodista Luisgé Martín recoge las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, ocurrido en el año 2011, saldrá, «casi seguro a final de año», según han explicado fuentes cercanas al autor en declaraciones a Europa Press. La obra contará con un ensayo añadido. Aunque la obra iba a ser publicada por Anagrama el pasado mes de marzo, la editorial paralizó la publicación tras la denuncia de Ruth Ortiz, madre de Ruth y José.

En un primer momento, le sello catalán defendió su derecho a editar el libro y la Audiencia de Barcelona confirmó la desestimación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la paralización de la publicación de la obra. Sin embargo, Anagrama decidió finalmente extinguir el contrato con el periodista en abril. Martín recuperó los derechos del libro, asegurando que mantenía su intención de publicar su obra y que Anagrama había «sentido miedo de la presión social». Se desconoce por el momento si la obra será autopublicada o saldrá a la luz bajo otro sello editorial.

Igualdad estudia prohibir que los asesinos difundan información

Tras la polémica en torno al libro, el Ministerio de Igualdad anunció que estudia una reforma del Código Penal para prohibir a asesinos de violencia vicaria –aquella que se ejerce contra seres queridos, como los hijos, para hacer daño a la mujer–, difundan información en medios de comunicación o por otros canales para hacer daño a la víctima, como en el caso del libro sobre Bretón. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, aseguraba en abril que tienen «muy avanzado» un anteproyecto de ley que también definirá y castigará esta violencia.

«Queremos recoger que en determinados supuestos en los que se quiera atacar la dignidad de las víctimas, se quiera seguir revictimizándolas una vez que ya se las había dañado, queremos recoger que se pueda incorporar a las penas, medidas recogidas en el Código Penal. Queremos recoger que se pueda prohibir la difusión, la publicación de contenidos dirigidos expresamente, que tengan por finalidad seguir dañando a las víctimas, revictimizar. Para que me entiendan ustedes, el caso Bretón», puntualizó Martínez.

En todo caso, no es que se pueda imponer siempre esta medida o esta pena, pero la intención es «que los órganos judiciales la tengan a su disposición cuando vean que la publicación, la difusión de contenidos, en concreto, vaya dirigida a dañar a la víctima o desde luego esté causando un daño añadido». Igualmente, quieren que se pueda sancionar la utilización «en contra de la ley» de figuras como el falso síndrome de alienación parental u otras similares «a las que se cambia el nombre».

«Se está usando todavía mucho por parte de servicios que tienen que informar a los órganos judiciales, servicios distintos, equipos multidisciplinares de juzgados, puntos de encuentro familiar, servicios de atención a la infancia, etcétera. No voy a detallar qué servicios, pero se sigue usando esta figura y similares y también se siguen dictando resoluciones judiciales basadas, amparadas en informes que han usado, en contra de la ley, esta figura», detalló.

Al mismo tiempo, con esta norma quieren que se reconozca a las víctimas de violencia vicaria como víctimas de violencia de género para poder garantizarles los mismos derechos y que se garantice el derecho de los menores de edad a ser oídos siempre que las decisiones judiciales o administrativas afecten a su vida.

El Ministerio de Igualdad ha elevado este viernes a nueve los menores asesinados por violencia vicaria este 2024, tras confirmar el caso del niño de dos años en Linares (Jaén).

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, el menor fue asesinado este jueves 28 de noviembre, presuntamente por la pareja de su madre. Además, ha apuntado que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso ya son nueve los menores asesinados este 2024, el año, junto con 2015, con más víctimas de toda la serie histórica. En total, son 62 los niños asesinados por violencia vicaria desde 2013, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

En este suceso hay otro menor herido, hermano mellizo del fallecido, que este miércoles cumplieron dos años, que tuvo que ser trasladado al Hospital San Agustín de Linares (Jaén) y que también presenta lesiones, aunque en principio no se teme por su vida, según han señalado desde la Policía Nacional.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a Europa Press que del suceso se tuvo conocimiento sobre las 14:30 horas, cuando se alertó al 061 de que había un menor aparentemente fallecido de forma violenta en una vivienda situada en el número 58 de la calle Áurea Galindo, en Linares.

Fueron los vecinos los quienes alertaron de lo ocurrido. Cuando llegó el 061 ya había agentes de la Policía Nacional intentando reanimar al menor. Los equipos médicos se hicieron cargo del niño, pero tras media hora de maniobras de reanimación certificaron su fallecimiento.

El equipo jurídico de Juana Rivas ha presentado una denuncia por violencia vicaria internacional contra su expareja, el italiano Francesco Arcuri, la primera de estas características que se examinará en España y en la que se relatan más de ocho años de maltrato.

La denuncia, de 22 páginas y a la que ha tenido acceso EFE, narra una serie de episodios de violencia contra esta vecina de Maracena (Granada) y sus dos hijos, uno aún menor de edad, y presenta a su expareja como un maltratador.

Según Aránguez Abogados, que representa a Juana Rivas, se trata de la primera denuncia por violencia de género vicaria internacional que examinarán los tribunales españoles y busca así que el debate sobre los ocho años previos de denuncias llegue al Tribunal Supremo.

Esta nueva denuncia se suma a las tres formalizadas desde el pasado diciembre y archivadas por los juzgados de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada y Málaga y se produce mientras el menor de los hijos de Rivas y Arcuri continúa en España por las medidas cautelares aprobadas por un juzgado instructor en funciones de guardia.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada ha archivado la denuncia por violencia vicaria internacional que presentó en enero Juana Rivas contra su exmarido, el italiano Francesco Arcuri, al interpretar que solo recopila hechos ya denunciados durante los últimos ocho años.

El auto del juzgado especializado en violencia machista, contra el que cabe recurso y al que ha tenido acceso EFE, ha acordado el archivo porque, “como resulta del propio contenido de la denuncia”, todos los episodios relatados “se encuentran judicializados en distintos procedimientos penales”, según recoge EFE.

La juez ha argumentado el archivo de la denuncia en que, más allá de la calificación como un delito de violencia vicaria internacional que defiende el equipo jurídicos de Juana Rivas, la denuncia no aporta ningún posible hecho delictivo nuevo.

El equipo jurídico de Juana Rivas presentó en enero la denuncia ahora archivada, un texto de 22 páginas que, según Aránguez Abogados, representa el primero de sus características que se formaliza en España. El letrado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha explicado tras el auto de archivo que mantiene el objetivo de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la denuncia para lograr que el delito de violencia vicaria internacional se reconozca como una “realidad jurídica” en los tribunales españoles.

Aránguez ha denunciado la falta de aplicación de la normativa que combate esta forma de violencia de género en España y ha adelantado que su equipo recurrirá el auto de archivo ante la Audiencia de Granada. El letrado de Juana Rivas ha lamentado que en España “no se asuma” de manera plena la violencia vicaria y ha defendido que Arcuri agrede a sus hijos, uno de ellos menor, para someter a la madre y hacerle la vida imposible.

Aránguez ha reconocido que con el archivo de esta denuncia comienza un “largo recorrido” de los recursos en las distintas instancias, un proceso que el equipo jurídico de Juana Rivas ha dicho que afronta para dar visibilidad a un “grave problema políticocriminal”.

La denuncia por violencia vicaria internacional que firmaron Juana Rivas y su hijo mayor se sumó a las tres formalizadas desde diciembre y archivadas por los juzgados de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada y Málaga. Se presentó mientras el menor de los hijos de Rivas y Arcuri continúa en España por las medidas cautelares aprobadas por un juzgado instructor en funciones de guardia y explica un “intenso recorrido judicial” que comenzó en 2016, cuando ella regresó a Maracena y denunció a su exmarido.

El menor de los dos hijos de la expareja continúa en España con su madre, pese a que la custodia la tiene Arcuri, mientras se espera que la Corte de Apelación de Cagliari dicte sentencia sobre la custodia del niño.

La sección cuarta de la Audiencia de Barcelona ha confirmado la desestimación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la paralización de la publicación de un libro sobre José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por matar a sus dos hijos en un caso de violencia vicaria.

El auto de la Audiencia, consultado por Europa Press, confirma la resolución del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona, en contra de la postura del ministerio público, que recurrió la desestimación de la medida cautelar. El pasado 27 de marzo, la editorial Anagrama anunció que suspendía ‘sine die’ la distribución del libro El odio de Luisgé Martín y expresó su «respeto absoluto» hacia la madre de los menores, Ruth Ortiz.

La finalidad concreta de la solicitud cautelar, explica el tribunal, no es garantizar la protección de derechos mientras se resuelve una demanda presentada y que se ha adoptado ya la decisión de presentar, sino la paralización de la publicación para decidir si se presenta la demanda.

La medida añade, no resulta ser «exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de forma que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante el proceso correspondiente», lo cual presupone el seguimiento de un proceso civil.

Analizar la intromisión en el honor

La medida, solicitada con carácter previo a la presentación de una demanda y que no se puede recurrir «aparece desatada de la presentación de cualquier demanda, presente o futura, porque no se oculta por el solicitante que la solicitud se formula a fin de valorar y ponderar con el debido rigor la más que probable existencia de intromisión ilegítima que perjudique el honor, intimidad, y en su caso, propia imagen y reputación de los menores».

El tribunal considera que la solicitud «ha sido presentada previamente a la interposición de demanda, con base en la inminente publicación del libro, que estaba prevista para el pasado día 26 de marzo de 2025, y con la referida finalidad de estudiar si se presenta o no una demanda, de forma que la medida es solicitada sin venir anudada a ninguna demanda, presente o futura».

El tribunal considera comprensible la sensibilidad del Ministerio Fiscal, en sus palabras, dadas las circunstancias, al versar la cuestión sobre los derechos contemplados por el art.18.1 de la Constitución y en relación con menores. «No se puede ser ajeno a las circunstancias que rodean este incidente ni a la especial protección que merecen las víctimas, pero la legislación procesal civil no contiene mecanismos que permitan acceder a la petición formulada por el Ministerio Público de conformidad con los razonamientos expuestos», expone.

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 1.469 casos de violencia de género con menores expuestos a sufrir violencia vicaria, según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recogidos por Europa Press. En concreto, a 31 de mayo de este año hay un total de 102.575 casos activos por violencia de género en el Sistema VioGén, de los que 15 están en riesgo extremo, 978 en alto, 13.734 en medio, 43.235 en bajo y en 44.613 no se aprecia.

Los datos de Interior también revelan que hay 53.606 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, más de 7.000 de los que había registrados en el Sistema VioGén en el mismo mes del año pasado (46.513).

Así, un total de 1.469 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay cuatro casos de este tipo en riesgo extremo, 132 en alto y 1.323 en medio. Igualmente, la estadística refleja 12.510 casos con menores en situación de vulnerabilidad.

Además, por otro lado, 11.755 casos son de “especial relevancia”, con 15 de ellos en riesgo extremo, 932 en alto y 10.808 en medio. En estos últimos se detecta “una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 26.587; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.238; la Comunidad de Madrid, con 13.022; Canarias, con 6.650; Galicia, con 6.009; Castilla-La Mancha, con 5.598; Murcia, con 5.549; Castilla y León, con 5.286; Baleares, con 4.178; Extremadura, con 2.778; Aragón, con 2.487; Asturias, con 2.148; Navarra, con 2.036; Cantabria, con 1.556; La Rioja, con 953; Ceuta, con 262; y Melilla, con 238.

La jueza del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Arganda del Rey (Madrid) ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza de Erika Beatriz L. M., la detenida por el supuesto asesinato de su bebé, cuyo cuerpo decapitado fue hallado en un vertedero de localidad madrileña de Loeches.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado de que en las próximas horas la mujer será conducida al recinto penitenciario de Estremera. La mujer está investigada por la supuesta comisión de un delito de asesinato, si bien esta calificación es inicial y podría estar sujeta a modificaciones según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación en el marco de la instrucción judicial.

La mujer, de origen ecuatoriano de 39 años, fue detenida en su piso de la avenida de la Albufera, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas y hasta este viernes ha permanecido en las dependencias de Guardia Civil.

El pasado 12 de diciembre una de las trabajadores del centro de reciclaje de Loeches encontró los restos del recién nacido en una zona de la aguja de prensado y, desde entonces, la Guardia Civil ha estado investigando este caso denominado ‘operación Natal’ y pidió la colaboración ciudadana para el total esclarecimiento de los hechos.

Desde el inicio de las pesquisas se determinó que se trataba del cuerpo de una bebé de cinco días con signos de violencia y sería originaria de América del Sur. También se logró constatar que los restos fueron trasladados desde unos contenedores del distrito de Puente de Vallecas.

El libro El odio, en el que el escritor y periodista Luisgé Martín recoge las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, ocurrido en el año 2011, saldrá, «casi seguro a final de año», según han explicado fuentes cercanas al autor en declaraciones a Europa Press. La obra contará con un ensayo añadido. Aunque la obra iba a ser publicada por Anagrama el pasado mes de marzo, la editorial paralizó la publicación tras la denuncia de Ruth Ortiz, madre de Ruth y José.

En un primer momento, le sello catalán defendió su derecho a editar el libro y la Audiencia de Barcelona confirmó la desestimación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la paralización de la publicación de la obra. Sin embargo, Anagrama decidió finalmente extinguir el contrato con el periodista en abril. Martín recuperó los derechos del libro, asegurando que mantenía su intención de publicar su obra y que Anagrama había «sentido miedo de la presión social». Se desconoce por el momento si la obra será autopublicada o saldrá a la luz bajo otro sello editorial.

Igualdad estudia prohibir que los asesinos difundan información

Tras la polémica en torno al libro, el Ministerio de Igualdad anunció que estudia una reforma del Código Penal para prohibir a asesinos de violencia vicaria –aquella que se ejerce contra seres queridos, como los hijos, para hacer daño a la mujer–, difundan información en medios de comunicación o por otros canales para hacer daño a la víctima, como en el caso del libro sobre Bretón. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, aseguraba en abril que tienen «muy avanzado» un anteproyecto de ley que también definirá y castigará esta violencia.

«Queremos recoger que en determinados supuestos en los que se quiera atacar la dignidad de las víctimas, se quiera seguir revictimizándolas una vez que ya se las había dañado, queremos recoger que se pueda incorporar a las penas, medidas recogidas en el Código Penal. Queremos recoger que se pueda prohibir la difusión, la publicación de contenidos dirigidos expresamente, que tengan por finalidad seguir dañando a las víctimas, revictimizar. Para que me entiendan ustedes, el caso Bretón», puntualizó Martínez.

En todo caso, no es que se pueda imponer siempre esta medida o esta pena, pero la intención es «que los órganos judiciales la tengan a su disposición cuando vean que la publicación, la difusión de contenidos, en concreto, vaya dirigida a dañar a la víctima o desde luego esté causando un daño añadido». Igualmente, quieren que se pueda sancionar la utilización «en contra de la ley» de figuras como el falso síndrome de alienación parental u otras similares «a las que se cambia el nombre».

«Se está usando todavía mucho por parte de servicios que tienen que informar a los órganos judiciales, servicios distintos, equipos multidisciplinares de juzgados, puntos de encuentro familiar, servicios de atención a la infancia, etcétera. No voy a detallar qué servicios, pero se sigue usando esta figura y similares y también se siguen dictando resoluciones judiciales basadas, amparadas en informes que han usado, en contra de la ley, esta figura», detalló.

Al mismo tiempo, con esta norma quieren que se reconozca a las víctimas de violencia vicaria como víctimas de violencia de género para poder garantizarles los mismos derechos y que se garantice el derecho de los menores de edad a ser oídos siempre que las decisiones judiciales o administrativas afecten a su vida.