La Fiscalía tiene un plan. Quiere reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los juzgados especializados en violencia de género concentren todos los procedimientos derivados de la denominada violencia vicaria, aquella que ejerce un progenitor sobre sus hijos para causar daño a su pareja. La intención es que estos tribunales especializados no solo diriman procedimientos penales, sino que también resuelvan herencias y la extinción de responsabilidades criminales si muere del agresor.
El Ministerio Público sugiere en su Memoria de 2022 que se modifique el artículo 87 de la LOPJ en cuanto a las competencias de los juzgados de violencia de género «para que sean estos juzgados especializados los competentes para conocer de los procedimientos hereditarios cuando el hecho causante sea la violencia vicaria, así como los procedimientos relativos al ejercicio de la acción civil que corresponda por la extinción de responsabilidad criminal por muerte del culpable contra sus herederos».
De esta forma, sostiene la Fiscalía, la mujer que ha sido víctima de violencia vicaria podrá ejercer ante estos juzgados especializados «sus derechos hereditarios y el ejercicio de la acción civil que proceda, en su caso, contra los herederos del asesino cuando este se ha suicidado».
Víctimas de violencia vicaria
Desde 2007, y según los datos de los que dispone THE OBJECTIVE, han existido 50 filicidios en España. Uno de los casos más mediáticos es el de Tomás Gimeno, que acabó con la vida de sus hijas Anna y Olivia el 27 de abril de 2021, la tarde en la que debía devolverlas a su expareja. Tras un mes y medio de búsqueda sin descanso, las autoridades hallaron el cuerpo de Olivia en el fondo del mar. Su progenitor se suicidó con ellas.
Las madres han cometido 26 asesinatos de este tipo, mientras que los padres han acabado con la vida de 24 de sus descendientes. Los expertos sostiene que la reforma de la LOPJ que plantea la Fiscalía supone que, en los casos de que el agresor mate a los hijos de la víctima o hijos comunes, cuando este fallezca, se respete el derecho hereditario de la madre que ha perdido a sus descendientes.
En caso de que el agresor se suicide y no se le pueda reclamar responsabilidad civil, especifican los expertos, servirá para que la madre pueda hacerlo. Igual que los pleitos por herencias, que ahora recaen en los juzgados de primera instancia y no en los especializados de violencia de género, afirma Luis Romero, de Romero Abogados.
La violencia vicaria es aquella que ejerce un varón contra una mujer, explica Alfredo Arrién, penalista en Paredes & Asociados. Por tanto, es unidireccional. Cuando sufren malos tratos físicos o psicológicos por parte de su pareja o expareja, los asuntos suele dirimirse por lo general a través de los juzgados especializados de la violencia de género. Pero no siempre es así.
Responsabilidades criminales
El juez inmerso un procedimiento civil está provisto de instrumentos para reaccionar ante supuestos de violencia de género, pudiendo adoptar medidas de protección de las víctimas y de sus hijos. Cuando existe comisión de un acto de ese tipo debe inhibirse a favor de los juzgados especializados. «Es lo que se llama vis atractiva, una figura jurídica que provoca que este sea el asunto predominante y los demás queden supeditados», explica Arrién.
No obstante, hay casos que mantienen su recorrido por la vía civil, como aquellos que están relacionados con la herencia o la extinción de responsabilidades criminales si muere del agresor. La Fiscalía lo que pide es reformar la LOPJ para que los juzgados especializados concentre todos los procesos a quienes son o han sido víctimas de la violencia vicaria.
Arrién reconoce que se trata de pura lógica. «No se ha planteado antes porque no hay muchos casos y, hasta ahora, se estaban resolviendo sin ningún problema por otra vía. Tener que cambiar de jurisdicción cuando las medidas paterno-filiales las ha llevado un juzgado de violencia de género y el procedimiento ha desembocado en un fallecimiento es un despropósito».
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reconoció el pasado jueves, en la apertura del año judicial, que el Ministerio Público está «abierto a cambios y a asumir nuevos retos y responsabilidades». Esta propuesta no es la única que incluye en su Memoria de 2022. El órgano también plantea en el texto, de casi 1.500 páginas, que se reformen las competencias de la Audiencia Nacional para que se haga cargo de la lucha contra el crimen organizado.
